Al final de tu día, con mucha probabilidad, alguien te pregunta: “¿qué tal tu trabajo?”. Antes de contestar, te propongo que te tomes un momento para pensar la respuesta con cuidado.
En el Perú, el malestar psicosocial y los problemas de salud mental ya no son una excepción, sino una condición extendida en los centros laborales. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, siete de cada diez trabajadores sufren estrés crónico y uno de cada seis padece el síndrome de burnout. Además, el Minsa reportó que más de 1.7 millones de personas recibieron atención en salud mental en 2025, principalmente por trastornos de ansiedad, episodios depresivos y reacciones graves al estrés.
No es un fenómeno aislado: cada año, más de 840,000 personas mueren en el mundo por causas vinculadas a riesgos psicosociales en el trabajo. No se trata de accidentes visibles, sino del resultado acumulado de largas jornadas, inseguridad laboral, acoso y violencia en el lugar de trabajo, entre otros factores que van desde enfermedades cardiovasculares hasta trastornos mentales.
Este problema, aunque no nuevo, está cambiando de escala de manera preocupante. La digitalización y la inteligencia artificial redefinen cómo se coordina, supervisa y evalúa el trabajo; el auge del trabajo remoto e híbrido ha desdibujado los límites entre la vida laboral y personal; y las nuevas formas de empleo generan mayor incertidumbre sobre ingresos, derechos y condiciones laborales. A esto se suman factores externos, como las tensiones políticas o la incertidumbre social, que también se filtran en los centros de trabajo.
La OIT sostiene que los riesgos psicosociales deben enfrentarse desde su raíz: la definición de funciones, la organización del trabajo y las políticas que lo rigen. Para ello, propone analizar el entorno laboral en tres niveles conectados: la naturaleza de la tarea (exigencias, responsabilidades, sentido y uso de habilidades); la gestión (claridad de roles, autonomía, carga, ritmo y calidad de la supervisión); y los marcos regulatorios (condiciones de empleo, horarios, sistemas de evaluación, gestión del cambio y mecanismos de participación).
En la práctica, los riesgos no desaparecen: se reconfiguran. Se manifiestan en cargas de trabajo persistentes, menor control sobre las tareas, aislamiento o entornos donde la violencia y el acoso continúan presentes. A nivel global, el 23 % de los trabajadores ha experimentado alguna forma de violencia o acoso a lo largo de su vida laboral, mientras que el 35 % labora más de 48 horas semanales. Estas condiciones no solo afectan la salud de las personas, sino que reducen el desempeño, incrementan el ausentismo, erosionan la productividad y terminan impactando la sostenibilidad de las organizaciones y el crecimiento económico.
Según la OIT, los riesgos psicosociales explican la pérdida de cerca de 45 millones de años de vida saludable cada año y generan un costo equivalente al 1.37 % del PBI mundial. La forma en que se organiza el trabajo no solo define cómo viven las personas, sino también cómo funcionan las economías.
La evidencia es clara: las intervenciones que se concentran únicamente en el individuo, como los programas aislados de manejo del estrés, resultan insuficientes si no van acompañadas de cambios reales en la organización del trabajo. Las medidas que modifican las condiciones laborales han demostrado ser las más efectivas tanto para proteger la salud como para mejorar el desempeño. Por ello, la premisa fundamental de este enfoque es que no se trata de trasladar la responsabilidad a las personas, sino de intervenir en las condiciones que generan el problema.
En la práctica, esto se traduce en prioridades concretas y reconocibles. Se debe revisar las cargas y los ritmos de trabajo para evitar la sobreexigencia sostenida, así como asegurarse de que las funciones estén claramente definidas y que las expectativas sean previsibles y razonables. También es crucial fortalecer liderazgos que no solo gestionen tareas, sino que generen entornos de confianza y apoyo. Además, resulta muy útil incorporar de manera efectiva la prevención de la violencia y el acoso en los sistemas de gestión, y establecer sistemas de control y evaluación que permitan verificar que se avanza en la dirección esperada. De forma transversal, se debe garantizar que tanto trabajadores como empleadores participen activamente en la identificación y solución de los riesgos. Lejos de ser un enfoque abstracto, se trata de una agenda concreta para organizar mejor el trabajo, proteger la salud y sostener la productividad.
En el caso peruano, este abordaje adquiere una relevancia especial. La alta tasa de informalidad, la diversidad de sus manifestaciones, la heterogeneidad de las condiciones laborales y las brechas en el acceso a la protección social hacen aún más necesario un enfoque preventivo y sistémico. Integrar los riesgos psicosociales en las políticas de seguridad y salud en el trabajo, fortalecer las capacidades de las empresas —particularmente de las mipymes— y promover el diálogo social se perfilan como pasos clave para avanzar en esta dirección.
Este año, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo —que la OIT conmemora cada 28 de abril— pone el foco en un derecho fundamental: contar con espacios laborales seguros. Pero el énfasis se desplaza hacia un terreno menos visible y cada vez más determinante: el entorno psicosocial y la salud mental en el trabajo. La organización invita a trabajadores, empleadores y gobiernos a reflexionar sobre ello. Por eso, cuando alguien pregunte “¿qué tal el trabajo?”, detengámonos a escuchar. En esa respuesta —más de lo que parece— se juegan tanto el bienestar de las personas como la sostenibilidad de las empresas.
Ítalo Cardona es director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
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