Luego de tres intentos fallidos, Keiko Fujimori asumirá la presidencia del Perú este 28 de julio en medio de fuertes cuestionamientos sobre su compromiso con la institucionalidad democrática. La lideresa de Fuerza Popular llega al poder denunciando que los últimos gobiernos le entregan un país en estado “catastrófico”, “desolador” y “muy triste”. Sin embargo, especialistas le recuerdan que fue precisamente el fujimorismo, desde su mayoría en el Congreso, el que moldeó la realidad que hoy critica.

Durante la campaña, Keiko Fujimori declaró que buscaba ser presidenta para “gobernar como lo hizo su padre”, lo que avivó el temor a un nuevo régimen autoritario. Entre sus propuestas estuvo la salida del Perú del Pacto de San José y la reinstauración de los “jueces sin rostro”, figuras emblemáticas del gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa. Esto, sumado al control total del poder que ejercería desde el nuevo Senado, ha encendido las alarmas sobre una posible hegemonía que ponga en riesgo la separación de poderes.

La sombra del autoritarismo se refuerza con las leyes aprobadas en el tramo final de la legislatura. El fujimorismo y sus aliados impulsaron una polémica norma del congresista Fernando Rospigliosi que modifica el delito de lesa humanidad en el Código Penal. Esta ley inventa requisitos que no existen en los tratados internacionales y, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), podría archivar juicios históricos como los de Barrios Altos, La Cantuta y las esterilizaciones forzadas, beneficiando a más de 150 condenados y 600 procesados.

La ofensiva también apunta contra quienes buscan hacer justicia. El propio Rospigliosi denunció ante la Junta Nacional de Justicia a la fiscal Rosario Quico Palomino, exigiendo su destitución por no aplicar la ley que favorece la prescripción de delitos de lesa humanidad. Este acoso a jueces y fiscales, sumado a la concentración del poder, lleva a los especialistas a advertir sobre los riesgos de un nuevo capítulo autoritario en el Perú.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las sanciones contra jueces y fiscales buscan castigar a magistrados independientes, debilitar la justicia y asegurar que delitos graves queden impunes. “La Comisión observa con especial preocupación que el inicio de estos procedimientos disciplinarios estaría generando un efecto intimidatorio dentro del Poder Judicial, inhibiendo o desalentando el ejercicio legítimo del control de convencionalidad por temor a enfrentar investigaciones, suspensiones o eventuales destituciones”, señaló en un comunicado. Esto ocurre mientras desde el Parlamento se impulsan investigaciones contra aquellos jueces que se negaron a aplicar normas por considerarlas inconstitucionales.

En ese clima de desconfianza, Keiko Fujimori —quien logró la presidencia tras tres intentos fallidos al vencer a Roberto Sánchez en segunda vuelta— asume este martes 28 de julio. La juramentación se realizará en el Congreso con la presencia de presidentes de la región, el rey de España, Felipe VI, y enviados del gobierno estadounidense.

El sociólogo y analista Fernando Tuesta Soldevilla advierte que Fuerza Popular constituye la única “dinastía política” del país que regresa a Palacio tras el colapso de un régimen autoritario. “Recibe un Estado cuya precariedad denuncia, pero que el fujimorismo ayudó decisivamente a configurar desde el Congreso”, escribió en sus redes. Además, agregó que al asumir el Ejecutivo, ya no habrá espacio para responsabilizar a otros: “Desde la oposición podía bloquear o censurar; ahora será el gobierno”.

Esta lectura sobre el ejercicio real del poder la refuerza el abogado de IDL, Carlos Rivera, quien señaló para La República que la hegemonía lograda en el Senado demuestra que Fuerza Popular llega “con todas las mañas y aprendizajes sabidos tras haber controlado el Parlamento”.

La ex primera ministra Mirtha Vásquez se suma a las advertencias: la “prueba de fuego” del Ejecutivo será resolver la inseguridad y la crisis climática con reformas estructurales, evitando que las emergencias "se aprovechen para hacer espacios de corrupción". Antes, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello había señalado que la presidenta electa no recibe el beneficio de la duda, sino el peso de su propia trayectoria. "Gobernar no es ganar una elección; es demostrar que el poder tiene límites y que esos límites se respetan. La prueba de fuego será desde el primer día", sostuvo Pérez Tello para La República.

Para el analista Rivera, la mayor amenaza no es solo el discurso de transferencia, sino la consolidación de un esquema que ya venía operando: el acoso sistemático a jueces y fiscales independientes, la Ley APCI contra las ONG y el paulatino cierre de los espacios cívicos. Frente a las emergencias del país, los especialistas exigen modificar las normas que debilitan la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

Desde la bancada opositora de Ahora Nación, el diputado electo Ángel Meneses exige que el Ejecutivo desmantele el "monstruo creado en el desequilibrio de poderes y el sistema de justicia". Su colega Jair Manrique califica el escenario político como "bastante desolador" ante un fujimorismo que "prácticamente ya lo controla todo". Manrique también reveló que desde el oficialismo le habían ofrecido cargos.

A esta alarma se suman juristas y defensores de derechos humanos. Julissa Mantilla, excomisionada de la CIDH, indicó que una señal mínima de respeto democrático sería deslindar de las leyes inconstitucionales aprobadas en el Congreso. "Todas las leyes aprobadas recientemente, como la prescripción de crímenes de lesa humanidad, son inconstitucionales; el primer paso del gobierno debería ser deslindar de ellas", afirmó.

Mesías Guevara, por su parte, advirtió que el bloque opositor es frágil y necesita mantenerse unido. “La compra de votos es una mala práctica del fujimorismo. Lo que sucedió en la elección de la Mesa Directiva del Senado es una señal que podría suceder”, agregó.

En la misma línea, Ernesto Zunini, diputado por Juntos por el Perú, cuestionó esas prácticas y señaló que “el oficialismo ha venido cooptando votos dentro del hemiciclo”. “Lo más preocupante es que presumimos que estaría recurriendo a los mismos métodos de los años dorados para cooptar el poder del Estado y construir falsas mayorías. Creo que nuestro desafío es afianzar este consenso, buscando darle estabilidad política al país y, sobre todo, consolidar un Parlamento de oposición democrática”, dijo Zunini a La República.

Además, se insistió en que es necesario “cesar la persecución al Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia impulsada desde el Congreso contra magistrados que hacen control de convencionalidad”.

Tania Pariona, de la CNDDHH, alertó sobre el riesgo de un debilitamiento del espacio cívico y una respuesta autoritaria ante la protesta social. “El posible incremento de la conflictividad social, especialmente en territorios donde existen disputas por actividades extractivas tanto de empresas formales como el de las economías ilegales. Diversas organizaciones consideran que, si las demandas sociales son tratadas principalmente desde una lógica de orden público y seguridad, en lugar de mecanismos de diálogo, podrían intensificarse los conflictos y las denuncias por uso excesivo de la fuerza”, señaló para La República.

Leer artículo completo en larepublica.pe →