Elecciones 2026: las propuestas ambientales de los candidatos y los desafíos del país

Con las elecciones generales 2026 a la vuelta de la esquina, los planes de gobierno de los candidatos presidenciales —esa “hoja de ruta” para el quinquenio 2026–2031— incluyen propuestas en recursos naturales, cambio climático y gestión ambiental. Entre las iniciativas destacan el monitoreo satelital, la reducción de la deforestación, el financiamiento verde y la siembra y cosecha de agua, según lo que han presentado hasta ahora los aspirantes al sillón presidencial. Sin embargo, la pregunta que surge es qué se propone realmente y qué se necesita para enfrentar la crisis ambiental.

Julio del Valle Ballón, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que “las elecciones representan un momento clave para la ciudadanía, especialmente para quienes votarán por primera vez”, y subrayó la importancia de promover un voto informado y responsable. Además, advirtió que el país atraviesa una etapa de fragmentación y desconfianza, y que el proceso electoral será determinante para definir el rumbo de las políticas públicas, sobre todo en materia ambiental y de gestión de recursos naturales.

Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la PUCP (INTE PUCP) y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la misma casa de estudios, indicó que los temas ambientales aún no ocupan un lugar prioritario en la agenda pública, pese a su estrecha relación con problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la inseguridad.

El encuentro donde se abordaron estos temas se estructuró en tres momentos: un diagnóstico académico, aportes desde la sociedad civil y la presentación de propuestas políticas. En el caso de Fuerza Popular, la agrupación propone implementar un Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal con drones y monitoreo satelital para combatir la deforestación ilegal y promover el desarrollo sostenible amazónico, así como el financiamiento verde a proyectos productivos alternativos.

Desde el Partido Morado se plantea la implementación de un sistema de monitoreo satelital en tiempo real, acompañado de guardaparques e incentivos, así como la obligatoriedad de planes de ordenamiento territorial en ciudades con más de 50,000 habitantes. Por su parte, Renovación Popular propone reforzar el Consejo Nacional del Agua para un manejo técnico eficiente de cuencas y campañas anuales de siembra y cosecha de agua, además de dinamizar la OEFA y el Serfor.

Partido País para Todos apuesta por recuperar el control en la Amazonía y fortalecer la resiliencia climática mediante el combate a economías ilegales, la reducción de la deforestación y la protección de vidas e infraestructura ante desastres. También plantea modernizar el sistema de descentralización para mejorar la provisión de servicios públicos, fortalecer el desarrollo territorial y asegurar una asignación más equitativa y eficiente de los recursos entre territorios.

El Partido del Buen Gobierno sugiere diversificar la matriz energética con una mayor participación de fuentes renovables no convencionales, descentralizadas y limpias, además de mejorar la calidad ambiental del aire, agua y suelo para promover la inversión, la competitividad y la productividad. Mientras tanto, Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso propone incrementar el acceso a servicios de agua segura para la población rural, amazónica y periurbana; establecer un esquema de financiamiento sostenible, predecible y orientado al desarrollo territorial; y reducir progresivamente la dependencia de combustibles fósiles en la matriz energética nacional.

En este contexto, representantes de la sociedad civil, líderes indígenas y actores del sector productivo participaron en un espacio de diálogo convocado desde la PUCP para analizar el vínculo entre sostenibilidad, desarrollo y toma de decisiones públicas, abordando los desafíos estructurales que enfrenta el país.

En el bloque académico, el antropólogo Óscar Espinosa señaló que la Amazonía es uno de los territorios más vulnerables del país, identificando como principales problemas la deforestación, la contaminación de ríos, la pérdida de biodiversidad y la expansión de economías ilegales. Precisó que el Perú pierde aproximadamente 150 mil hectáreas de bosques al año, un proceso vinculado a la agroindustria, el narcotráfico, la minería ilegal y el desarrollo de infraestructura. Desde una perspectiva climática, Rosa Morales, de CARE Perú, indicó que el cambio climático impacta de manera transversal a todos los sectores, generando sequías, inundaciones, pérdida de glaciares y afectaciones a la salud pública. Aunque el país cuenta con marcos normativos, advirtió que el principal desafío radica en su implementación efectiva. En la misma línea, Mariano Castro, de GRADE, sostuvo que la crisis ambiental no es sectorial, sino estructural, y que incide directamente en la viabilidad del desarrollo y la democracia. En el sector agrícola, Sabogal planteó la necesidad de definir el rumbo del desarrollo agrario, especialmente tras la extensión de la ley agraria hasta 2035, criticada por otorgar beneficios tributarios a grandes agroexportadoras con un alto costo fiscal. Basándose en recomendaciones de organismos internacionales, destacó la importancia de la gestión sostenible del suelo, la restauración de tierras degradadas y la seguridad alimentaria, y planteó interrogantes sobre el modelo de agroexportación, el despoblamiento rural y la preservación de sistemas tradicionales. Por su parte, Juan Carlos Sueiro, representante de Oceana, advirtió riesgos asociados al crecimiento de la flota artesanal, la informalidad en nuevas embarcaciones y la sobreexplotación de especies.

Desde el sector empresarial, Micaela Rizo Patrón, de Perú Sostenible, enfatizó la necesidad de abordar la sostenibilidad de manera integral, articulando Estado, empresas y sociedad civil, y sostuvo que los desafíos pasan por la lucha contra la ilegalidad, la adaptación a estándares internacionales y la importancia de la innovación. En el ámbito pesquero, Josué Abad, representante de pescadores artesanales, señaló las dificultades para la formalización del sector y la falta de reconocimiento de su aporte a la cadena alimentaria; también mencionó los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos y la necesidad de incorporar el conocimiento empírico en la toma de decisiones. Planteó la necesidad de incorporar criterios de justicia ambiental, priorizar territorios vulnerables y vincular las políticas públicas con presupuestos concretos. Ketty Marcelo, lideresa indígena, destacó la relación entre los territorios andinos y amazónicos, así como la importancia de reconocer saberes ancestrales y garantizar la autonomía territorial. Desde el sector agrario, Luis Gomero, de Conveagro, advirtió que la agricultura familiar enfrenta múltiples amenazas, en particular por el cambio climático, y cuestionó la falta de políticas públicas efectivas, planteando la necesidad de impulsar prácticas sostenibles, diversificación productiva y tecnologías de adaptación.

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