El Poder Judicial confirmó la prolongación por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien permanecerá recluido hasta el 8 de marzo de 2027. La medida fue ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que en junio de este año rechazó la apelación de la defensa de Castillo para dejar sin efecto el mandato solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, según la resolución a la que accedió La República.
El exmandatario es investigado por presuntamente haber dirigido una organización criminal bajo la modalidad de tráfico de influencias y colusión en los casos Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Vivienda y PetroPerú (caso Tarata). La indagación sostiene que Castillo no cuenta con arraigo familiar, laboral ni domiciliario, puesto que su familia se encuentra en México, luego de ser asilados en diciembre del 2022. Esto, explica el Poder Judicial, "mantiene el peligro de fuga".
La decisión del Poder Judicial se dio en medio de los rumores de un posible indulto a Pedro Castillo.
Decisión del Poder Judicial
El Poder Judicial confirmó la ampliación de la prisión preventiva contra Pedro Castillo hasta marzo de 2027, decisión que ya había tomado el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria en febrero de este año. Entre los argumentos, el PJ señaló "la existencia de un entorno internacional objetivamente favorable a una eventual evasión", tomando como referencia el caso de Betssy Chávez, quien obtuvo asilo diplomático en la Embajada de México. Este punto fue considerado una causal para sustentar el riesgo de fuga del exmandatario.
Además, la Fiscalía informó que aún hay pericias pendientes por realizar en el marco de la investigación, y los peritos se encuentran en la etapa de recopilación, acopio y revisión de información documentaria. La investigación fue calificada como "compleja" debido a que involucra a más de 90 investigados. "Esta dimensión subjetiva y estructural revela una investigación de carácter macro, con múltiples niveles de intervención", se lee en la resolución judicial.
En cuanto al caso PetroPerú, la tesis fiscal sostiene que Castillo es investigado por el presunto delito contra la tranquilidad pública y habría liderado una supuesta organización criminal en esa institución durante su mandato como presidente. La hipótesis indica que el exmandatario "habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad, con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de adquisición llevados a cabo por la empresa". Presuntamente, Castillo gestionó la designación de Hugo Chávez Arévalo como presidente del directorio de PetroPerú a cambio de un pago de S/30.000. Tras el nombramiento, según la Fiscalía, se procedió a copar puestos claves en la entidad.
Decisión del Poder Judicial que confirma la prisión preventiva contra Castillo.
En el documento judicial se detalla que, tras una serie de reuniones en Palacio de Gobierno, se “direccionó el Proceso por Competencia COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ Adquisición de Biodiésel B100 para el periodo enero-abril 2022, a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators SA, representada por Abudayeh Giha”. En cuanto al caso Provías, el Ministerio Público investiga el direccionamiento de la licitación del Puente Tarata III, “cuyo beneficio económico obtenido sería el 0.5 % del total del valor adjudicado”, presuntamente a través de los sobrinos de Pedro Castillo y el exministro Juan Silva. Sobre el caso Ministerio de Vivienda, la Fiscalía indaga el direccionamiento de proyectos de saneamiento que se habría gestado con el Decreto de Urgencia n.º 102-2021 a favor de las municipalidades de Anguía y Chachapoyas, trámites que supuestamente se realizaron mediante los familiares del expresidente. El documento también precisa los beneficios económicos pactados: “Los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la OC serían: S/100.000 para Villaverde García, S/100.000 para Vásquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre Castillo Terrones y el imputado Silva Villegas; en cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de S/100.000 como un adelanto de buena fe del negocio ilícito acordado con relación a la Licitación Pública n.° 01-2021-MTC/21”.
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