La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se prepara para cerrar el año con un procedimiento que identificará a cerca de 3,000 empresas vinculadas a un crédito fiscal sospechoso superior a los S/ 5,000 millones. Estas firmas, según el régimen de Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), habrían sido utilizadas para emitir comprobantes de pago por operaciones inexistentes, una práctica que la entidad busca erradicar en los próximos meses.

El esquema detectado por la Sunat involucra a empresas sin infraestructura, personal, activos o capacidad económica suficiente, que emiten facturas luego empleadas por terceros para reducir indebidamente el pago de impuestos. Desde la vigencia del Decreto Legislativo 1532, la entidad ya ha publicado en su portal la lista de 212 sujetos sin capacidad operativa, cuyos comprobantes fueron utilizados por 78,163 clientes para justificar compras por aproximadamente S/ 709 millones.

Como resultado de las acciones de control, la administración tributaria informó que ya recuperó más de S/ 341 millones, lo que representa cerca del 50% del monto observado. Además, la Sunat estimó que las deducciones tributarias sustentadas en operaciones no reales habrían generado una pérdida potencial de aproximadamente S/ 21,504 millones para el Estado, recursos que pudieron destinarse a servicios públicos, infraestructura y otras obras.

La entidad explicó que este tipo de prácticas permite a los supuestos adquirentes deducir de manera indebida el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV), así como registrar costos o gastos para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta, reduciendo el monto de los tributos que les correspondería pagar. Asimismo, recordó que estas conductas pueden configurar una modalidad de evasión tributaria susceptible de generar responsabilidades administrativas e, incluso, penales.

Sunat acelera detección de empresas vinculadas a esquemas de evasión tributaria | (Foto referencial: Freepik)

El objetivo de la estrategia es fortalecer la detección de estos esquemas de evasión, que afectan la recaudación fiscal y, por ende, el financiamiento de bienes y servicios públicos.

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