El Congreso, a través de su presidente, el fujimorista Fernando Rospigliosi, promulgó la ley de impunidad que permite que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas sean procesados por la justicia militar-policial cuando cometan delitos comunes durante el ejercicio de sus funciones, en lugar de ser juzgados por la justicia ordinaria. La norma también ordena a los jueces archivar investigaciones cuando se corrobore que los casos son materia de indagación militar-policial.
Como consecuencia, el asesinato de un niño de 8 años en Huacho (Lima), las graves agresiones contra un abogado en una comisaría de Puno y la masacre de cinco jóvenes en Colcabamba podrían quedar impunes. Las disposiciones alcanzarían, por ejemplo, la investigación que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura sigue contra el suboficial de la PNP Luis Nazario, quien es investigado por la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial ocurrida el último fin de semana en Huacho.
La ley dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven las investigaciones cuando verifiquen que los mismos hechos ya son objeto de investigación en la jurisdicción militar-policial. De esta forma, los casos de Huacho, Colcabamba y Puno quedarían sin justicia, al ser trasladados a un fuero que investiga a los propios agentes.
El abogado Danilo Vargas Ccoya fue agredido por efectivos de la PNP dentro de la comisaría de Melgar-Ayaviri, en Puno, el pasado 29 de junio, luego de acudir a denunciar que un tráiler había impactado contra su vivienda. Tras presentar la denuncia, fue intervenido y permaneció detenido hasta la noche del 1 de julio por el presunto delito de resistencia a la autoridad. Los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle son señalados como presuntos responsables. La defensa del abogado centra sus cuestionamientos en Tagle, quien declaró que Vargas Ccoya llegó a la comisaría con lesiones y ensangrentado, versión que, según sostiene, es falsa. “Él ha estado bien. Llegó a la comisaría en moto lineal. Vino por una denuncia y sale detenido y, sobre todo, agredido. Ni siquiera agredido… torturado, esa es la palabra. Está irreconocible. Las lesiones son muy graves e, incluso, el médico legista ha ordenado exámenes complementarios”, precisó la defensa.
En otro caso, la tesis fiscal sostiene que un agente del Escuadrón de Emergencia de Huacho habría disparado con su arma de reglamento durante un operativo en la avenida Mercedes Indacochea, cuando un menor viajaba junto a su madre como pasajero de una mototaxi. El Ministerio Público considera que el uso del arma de fuego habría sido desproporcionado, al no existir una situación de riesgo real que justificara el disparo. Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó la incautación del arma y del efectivo, la realización de pericias balísticas y la recopilación de las grabaciones de video registradas durante la intervención. “Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas, éramos mujeres”, declaró la madre del menor a La República.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno inició diligencias preliminares para investigar a los presuntos responsables del delito de tortura. Este caso se suma a la masacre de Colcabamba, ocurrida en la madrugada del 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Allí, una patrulla del Ejército abrió fuego contra una camioneta donde viajaban ocho jóvenes, dejando cinco muertos y tres heridos de bala. Inicialmente, las Fuerzas Armadas afirmaron que los militares repelieron un ataque de presuntos narcotraficantes durante un operativo antidrogas. No obstante, la investigación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín descartó esa versión. Según la hipótesis fiscal, los militares ejecutaron un ataque unidireccional con fusiles de asalto contra la camioneta, pese a que no enfrentaban una amenaza real, letal o inminente. Las pericias también determinaron que en el vehículo no se hallaron armas de fuego. El informe fiscal detalla que el conductor, Nilson Montenegro Valencia, recibió 51 impactos de proyectil; Cristian Vilcatoma Águila, quien viajaba en el asiento del copiloto, 16; Wilder Romero Sevipaucar, 12; William Soto Núñez, que iba en la tolva, ocho; y Jaime Bendezú Paraguay, tres. En otro hecho, el Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comuawuy) denunció que presuntos integrantes del Ejército habrían ingresado de manera violenta a la residencia estudiantil Ciro Alegría, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), donde dos adolescentes habrían sido víctimas de tocamientos indebidos. La presidenta de Comuawuy, Rosemary Pioc, declaró a RPP Noticias que los hechos habrían ocurrido durante la noche del 20 de julio, mientras las estudiantes dormían en la residencia, situada cerca de un campamento militar del mismo nombre. Según la denuncia, los efectivos habrían ingresado sin autorización y sin justificación aparente, para luego presuntamente cometer los actos denunciados. Tras estos sucesos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó firmemente la violencia sexual que habrían realizado los militares y señaló que los hechos “constituyen una grave vulneración de los derechos humanos”. Asimismo, el MIMP informó que el Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui ya se encuentra en la comunidad de Ciro Alegría para orientar a los padres de las víctimas y explicarles la importancia de participar en diligencias como la cámara Gesell. “Exhortamos a una investigación célere para sancionar a los responsables y tener en cuenta el principio del interés superior del niño. Ningún acto de violencia contra niñas y adolescentes puede quedar impune”, comunicó la entidad.
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