La exministra de Cultura y familiar de víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, descartó cualquier tipo de diálogo con Keiko Fujimori y aseguró que no la reconocen como presidenta. Durante una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos este martes 21 de julio, Ortiz calificó el Gobierno de Fujimori como la "continuidad" y "rearticulación" del Ejecutivo para tomar las instituciones del Estado que deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. "Sin duda pone en riesgo nuestros derechos a la verdad y la justicia, a movilizarnos y expresar con libertad nuestro rechazo a este régimen autoritario", expresó.
La activista consideró que la gestión de Fujimori será la "consolidación de un proyecto autoritario". "Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano", señaló en su intervención. En esa misma línea, la extitular de Cultura reafirmó su compromiso y el de las víctimas en la defensa y respeto de los derechos humanos. Resaltó que "no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad".
Ortiz también lamentó que Keiko Fujimori "ha venido gobernando nuestro país en los últimos años; desde el Congreso con mayoría fujimorista o desde el Congreso a través de leyes para arrebatarnos nuestros derechos a la verdad y la justicia para imponer una impunidad que signifique librar de responsabilidad a gente del Estado, policías y militares, que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron o violentaron a mujeres en el periodo 1980-2000".
La conferencia se realizó en la sede del Colegio de Abogados de Lima, donde los asistentes exigieron sanciones para los responsables de violaciones a los derechos humanos. Entre los participantes estuvieron la activista Tania Pariona; la profesora y esposa de Teófilo Rímac Capcha, detenido y desaparecido en 1986; así como familiares de víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori y de las protestas contra los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí.
En otro momento, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen fujimorista, pidió justicia y que se indemnicen los gastos que sufrieron tras ser esterilizadas contra su voluntad. “Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades”, declaró.
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