El presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, detalló en diálogo con La República la crisis que atraviesa la empresa estatal, marcada por un severo problema de liquidez que limita la operación de su principal activo: la refinería de Talara. Pese a que esta puede procesar hasta 95 mil barriles diarios, hoy opera entre 50 y 55 mil, no por fallas técnicas sino por la falta de abastecimiento de crudo, ya que la compañía debe pagar al contado ante la ausencia de líneas de crédito.
Lizarzaburu, quien asumió el cargo hace 75 días al frente de un directorio técnico, señaló que su gestión ha identificado las causas raíz de la situación actual. “No hay líneas de crédito, se tiene que pagar al contado, y frente a eso este directorio ha empezado a buscar alternativas de mejora: clientes y, sobre todo, fuentes de financiamiento, tanto con proveedores como con potenciales entidades financieras”, afirmó. El ciclo de negocio, explicó, se ha reducido a casi una semana de pago, lo que obliga a ser muy eficiente con el poco dinero que la propia compañía genera.
En ese contexto, el directivo se refirió al retraso del financiamiento de US$500 millones que el Ejecutivo anunció en mayo mediante un Decreto de Urgencia. Aclaró que ese anuncio no fue hecho por la empresa y que una operación de fondos por 2.000 millones no se concreta en 15 días como se dijo. “Lo que hicimos fue identificar un tramo de tiempo hasta julio-agosto, con la finalidad de coordinar con proveedores y otros actores para garantizar la continuidad operativa de la compañía, que es lo que está garantizado ahora, siempre considerando el serio riesgo”, sostuvo. Según su revisión, el crédito puente debería estar disponible a finales de julio o quincena de agosto.
Consultado sobre el avance del proceso con ProInversión, que ya lleva seis meses, Lizarzaburu indicó que se ha logrado conformar un equipo capaz de comunicarse en ese periodo y se ha generado un protocolo que ha recibido recomendaciones en el marco de riesgos, dentro de los modelos de prevención vigentes. Dicho protocolo ha sido puesto en conocimiento de la SBS (SIP) para que emita una opinión que asegure no solo lo necesario, sino esquemas que garanticen continuidad y sostenibilidad.
El presidente del directorio también destacó que su gestión busca darle al siguiente gobierno lineamientos claros sobre el futuro de la compañía, en el marco de la transparencia y la gobernabilidad. “Algo fundamental es que la información ya es pública: lo de marzo se publicó en abril, lo de abril en mayo, lo de mayo en junio. Algo que no pasaba antes”, subrayó.
La paradoja que enfrenta Petroperú, según Lizarzaburu, es que cuenta con infraestructura de primer nivel —la refinería de Talara— pero no con la liquidez para aprovecharla. La falta de líneas de crédito ha obligado a operar con restricciones, y el directorio ha empezado a buscar fuentes de financiamiento, tanto con proveedores como con entidades financieras, con la finalidad de garantizar la continuidad operativa y darle al próximo gobierno las herramientas para encaminar a la compañía.
— No todos ven ese avance igual. Los sindicatos sostienen que ProInversión no ha mostrado resultados. Hace poco Fenpetrol se pronunció. ¿Cuál es su evaluación sobre este proceso?He conversado con ellos y cada actor tiene su opinión, todas respetables. No quiero desmentirlos ni reafirmarlos. Lo que sí puedo informar es que ha habido coordinación y el resultado podría haber sido mejor —siempre las cosas pueden ser mejores—.
— Cambiando de tema, ante la crisis de Camisea, la empresa garantizó el abastecimiento. Ahora estamos próximos a un Fenómeno del Niño fuerte en los próximos meses. ¿Qué riesgo existe si continúa esta situación financiera complicada?
Desde hace unas tres semanas venimos coordinando con todos los actores e identificando los riesgos en cada uno de los activos de la compañía, que son estratégicos no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo establece una norma. Es una de las primeras compañías que ha tomado acciones internas y coordinaciones externas de cara al Fenómeno de El Niño. Ayudamos a garantizar el abastecimiento cuando las situaciones se complican y, además, no recibimos algunas facilidades que sí tiene el sector privado, como determinadas suspensiones normativas.
— ¿Qué impacto tendría entonces el problema de liquidez si se presenta un Fenómeno de El Niño?
Este problema de liquidez podría generar que el abastecimiento no sea de la manera óptima. Frente a ello, este directorio ha buscado tomar acciones preventivas y no solo correctivas. Lo correctivo responde a lo que ya ocurrió; lo preventivo apunta a lo que viene. Hemos conversado con diversas entidades financieras para obtener financiamiento que le dé más tiempo a ProInversión para terminar de estructurar la operación. En teoría, el crédito puente y los US$2.000 millones deberían estar disponibles entre agosto y septiembre. Eso permitiría asegurar el abastecimiento y potenciar dos proyectos importantes.
— Usted menciona dos proyectos. ¿Cuáles son?
Uno es la línea submarina. Ya se inauguró el tramo offshore, de tres kilómetros. Frente a un Fenómeno de El Niño fuerte, lo que falta es acelerar el tramo onshore, que podría estar listo en 45 o 60 días.
— Sobre la refinería, la unidad FlexiCoking va a estar paralizada entre 60 y 90 días por mantenimiento.
La FSK (FlexiCoking) es un componente de la refinería que cada dos años requiere una gran parada, no por decisión arbitraria, sino porque el proveedor, ExxonMobil, establece que debe detenerse para realizar el mantenimiento correspondiente.
— ¿Y esa paralización significa que la refinería dejará de operar a plena capacidad?
No. Ese equipo no es lo que determina que la refinería llegue a 95 mil barriles diarios; lo que hace es permitir procesar distintos tipos de crudo. Hoy, por el problema de liquidez, estamos operando entre 50 y 55 mil barriles por día. Si hubiéramos tenido la liquidez completa, como se anunció en mayo que llegaría en 15 días, probablemente estaríamos operando a una capacidad cercana a los 95 mil barriles.
— Con los márgenes internacionales como están ahora, ¿no sería prioritario asegurar este financiamiento para comprar más petróleo y aprovechar esta oportunidad?
No solamente eso. Si esos recursos hubieran llegado cuando se ofreció, los márgenes de mayo habrían sido mucho más altos. En junio, además, recibimos el impacto del IRO (Impuesto al Rodaje) y de la multa de la OEFA. Eso nos habría permitido vender más, contar con un mayor inventario y seguir aprovechando el margen crack spread, que hoy ya no está en niveles de 45 o 50 dólares, sino entre 25 y 35.
— Volviendo a esos factores que mencionó, el IRO y la multa de la OEFA. ¿Cuánto han pesado en los resultados de la empresa? Tanto el IRO como la multa de la OEFA son eventos exógenos a esta gestión, pues provienen de hechos ocurridos entre 2019 y 2021. Eso nos ha obligado a revisar qué pasó, qué se hizo, quién lo hizo y por qué. La caída en las posibilidades de compra de crudo también impacta en el costo de ventas. Sin embargo, en conjunto, la compañía está en azul en el primer semestre. Junio recibió un impacto duro por dos multas y la mencionada caída, pero el balance de los seis meses es positivo. — Los resultados mejoraron respecto al año pasado, pero está también el tema de los bonistas. ¿Qué recepción han tenido frente a estos resultados? El mensaje se puede resumir en algo muy simple: Standard & Poor's retiró el CreditWatch. Eso significa que lo que viene haciendo la administración —que ya lleva por lo menos 30 días más que yo— ha permitido que la compañía se beneficie de la subida de los márgenes, complementado con la búsqueda de eficiencias. Los bonistas recibieron su pago en junio y estamos en constante comunicación. Al mercado le ha gustado que publiquemos la información de manera clara, ágil y transparente. Antes se publicaba de manera trimestral; ahora este directorio aprobó que se publique de manera mensual. — Entonces, ¿cuál es hoy la posición de los tenedores de bonos respecto al futuro de la empresa? Los tenedores de bonos tienen un instrumento que se está pagando de manera puntual, con un vencimiento determinado y covenants que la compañía viene respetando. Uno de ellos, además, establece que la empresa no se puede fraccionar. — Cambiando de tema, hace unas semanas surgieron cuestionamientos respecto a los estados financieros de 2025. Usted explicó públicamente que se trataba de diferencias contables. ¿Qué originó esas discrepancias? Lo primero que hay que resaltar es que las empresas del Estado peruano auditan sus estados financieros sobre la base del reglamento de la Contraloría. Ese es un componente importante que muchas veces no se menciona cuando se informa sobre este tema. Cuando se difunde información incompleta, es fácil llegar a conclusiones equivocadas. El proceso de auditoría dura entre 4 y 6 meses. En este caso comenzó entre octubre y noviembre y terminó entre abril y mayo. Sin embargo, durante ese periodo apareció una resolución en marzo. Los estados financieros ya se habían publicado en febrero, cuando esa resolución todavía no existía, por lo que era imposible proyectar ese impacto. — ¿Ese impacto podría revertirse más adelante? Sí. Ya tenemos información de que, mediante el proceso legal que estamos iniciando, esos recursos podrían regresar como ingresos extraordinarios. Si bien hoy impactan los resultados del año pasado y también los de este año, de prosperar ese proceso judicial deberían revertirse, de modo que una gestión posterior podría registrar ese ingreso extraordinario. — Usted menciona que el origen fue el impuesto al rodaje. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con el IRO? Se trató de un tema procedimental. El producto comprado no se registró en la partida contable que correspondía. A partir de la resolución emitida por el tribunal, el auditor, en coordinación con nosotros, determinó que ese efecto debía incorporarse en los estados financieros. Todo ello también fue informado oportunamente a la Contraloría. Entonces, ¿qué se está haciendo para acelerar la llegada de esos recursos? El objetivo es viabilizar la operación y apoyar a ProInversión. Venimos entregando la documentación necesaria, solicitando información y articulando el proceso para acceder a esos fondos, no a un financiamiento, sino a fondos.PUEDES VER: Tribunal Fiscal ordena a Petroperú pagar deuda coactiva a Sunat por US$133 millones
Entonces, ¿no se trató de una modificación discrecional de los estados financieros?
No. Es importante precisar que los procedimientos de contratación y auditoría se realizan bajo el reglamento de la Contraloría, no bajo un reglamento propio. Nosotros seguimos ese procedimiento y actuamos conforme a lo que correspondía una vez emitida la resolución.
Hay otro tema pendiente. ¿En qué situación quedó el pago de utilidades a los trabajadores correspondiente al año pasado?
Para que la ciudadanía lo tenga claro: la utilidad que se generó fue contable, y se generó porque hay deuda en dólares; el tipo de cambio bajó y generó una ganancia por tipo de cambio, no porque se decida así, sino porque así lo establecen las normas contables (NIIF).
Eso generó que contablemente haya que reportar utilidad, la cual los trabajadores deberían recibir en algún momento. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio, y con la generación de la compañía, en los siguientes meses se podrá evaluar el pago de esta utilidad que corresponde por ley.
Cuando usted dice "en los siguientes meses se podrá evaluar", ¿significa que todavía no hay una fecha definida para el pago?
No se discute que haya que pagarla, pero no es el momento, porque la prioridad es asegurar la sostenibilidad de la compañía con la transparencia que este directorio técnico viene buscando. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio y en la generación de la compañía para poder atender este tipo de obligaciones.
PUEDES VER: Petroperú: gremio de trabajadores exige retirar a ProInversión tras seis meses sin resultados
Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los peruanos?
Hay un mensaje muy claro: se está saliendo de ese serio problema de liquidez. Se están identificando los problemas que ha habido, se está publicando la información sobre por qué se ha llegado a esta situación, y se está coordinando con actores como Contraloría, Fiscalía y Defensoría para que se tomen las acciones y potenciales acciones correspondientes.
Estamos trabajando en ese proceso. Lo importante es que se están tomando las medidas necesarias, identificando los problemas y actuando con transparencia para recuperar la sostenibilidad de la compañía.
Lo que le diría a la población es: cuando escuchen algo sobre la empresa, pregúntense si quien opina tiene información, y si esa persona —expresidente, exdirector, exfuncionario— muestra documentos, no solamente opiniones subjetivas.
— Usted menciona a expresidentes y exdirectores. ¿Considera que las anteriores administraciones también deben explicar las decisiones que llevaron a la situación actual?
Sería fundamental que todos los exdirectores y expresidentes se sienten en una mesa, abran sus actas, y que la población sepa qué decisiones tomaron y se hagan cargo de cada una de ellas, porque hay personas que hoy opinan cuyas declaraciones, cuando eran presidentes, generaron en su momento la ejecución de cartas fianza. Es decir, declaraciones de funcionarios que en algún momento perjudicaron a la compañía.
¿Qué espera entonces de esas personas que hoy cuestionan la situación de la empresa?
Esas personas, de alguna manera, tienen que salir a comunicar y a disculparse con la población, y hablar siempre con fundamentos, no con subjetividad, sino con documentos claros que tranquilamente pueden ser pedidos por el portal de Transparencia. Eso es fundamental.
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