Tras el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado, que dejó seis fallecidos y cientos de damnificados en la región Junín, el Ejecutivo oficializó este lunes la declaratoria de estado de emergencia en cinco distritos. La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, rige desde el 20 de julio por un plazo de 60 días calendario y busca acelerar la respuesta estatal, así como dinamizar la ejecución de obras de rehabilitación para recuperar el bienestar en el territorio.

Las localidades comprendidas son Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, además de Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo. El objetivo central de la disposición es asegurar la protección de los ciudadanos afectados por el movimiento telúrico.

El documento oficial detalla que el gobierno regional y las municipalidades de las zonas involucradas ejecutarán acciones de excepción, atención y recuperación inmediatas. Estas intervenciones contarán con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación articulada de diversos sectores. En el ámbito de Salud, se contempla la instalación de puestos médicos de avanzada, el envío de brigadas y la evaluación de infraestructuras sanitarias. Paralelamente, el Ministerio de Educación habilitará espacios alternos para los estudiantes, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego brindará asistencia técnica a los productores locales.

El decreto de emergencia otorga a los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento la facultad de movilizar maquinaria pesada para atender la infraestructura dañada. Además, el portafolio de Vivienda podrá proporcionar soluciones habitacionales a los damnificados.

En el ámbito de seguridad y rescate, el Ministerio del Interior, mediante la Policía Nacional, garantiza la seguridad ciudadana y las labores de rescate. Por su parte, el Ministerio de Defensa pondrá a disposición sus medios aéreos para facilitar la entrega de ayuda humanitaria que estará a cargo del Indeci. De otro lado, los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social focalizarán la asistencia en la población más necesitada.

Las autoridades regionales y locales, por su parte, son las encargadas de ejecutar los planes de evacuación y consolidar el padrón de familias damnificadas. También mantendrán en sesión permanente a sus plataformas de defensa civil para agilizar la asignación de recursos y asegurar el soporte oportuno a los ciudadanos.

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