El Ministerio del Interior (Mininter) adjudicó la compra de 31 045 pistolas calibre 9x19 milímetros para la Policía Nacional del Perú (PNP) por un monto de 29 469 705 dólares, operación que ha sido cuestionada por presuntos sobrecostos y por el pago total anticipado del armamento. La contratación se realizó mediante la modalidad por encargo a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) durante la etapa final del gobierno de José María Balcázar, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.
El contrato N.° 01-2026 fue suscrito el 11 de junio de 2026 por el director de Administración del Mininter, Ítalo Gerardini Panez, y el coronel Antonio Zapata Vargas, representante de FAME. El documento establece que el Estado debía efectuar el pago del 100 % del monto acordado antes de recibir las armas, una condición que especialistas en contrataciones públicas cuestionaron al considerar que no se ajustaría a los límites previstos en la normativa vigente para los adelantos en contratos estatales.
El experto Marco Montoya sostuvo que este mecanismo podría constituir un indicio del presunto delito de colusión. La operación quedó bajo cuestionamiento también debido a las condiciones pactadas en el contrato y al desarrollo del proceso de selección, que se concretó después de que una licitación internacional fuera anulada y reemplazada por un nuevo mecanismo de contratación.
El proveedor seleccionado fue la empresa israelí IWI, encargada de fabricar las pistolas destinadas a la PNP. De acuerdo con el cronograma establecido, el primer lote de 2 000 armas modelo Jericho será entregado aproximadamente dos meses y medio después de la firma del contrato. La entrega del resto del armamento se completará en un plazo de 14 meses, lo que significa que el Estado desembolsó la totalidad del presupuesto antes de recibir la totalidad de los bienes adquiridos.
La licitación internacional para la compra de pistolas para la PNP arrancó en junio de 2024. Empresas como Beretta, Tanfoglio y Sig Sauer presentaron propuestas económicas que iban de los 17 a los 24 millones de dólares, con plazos de entrega de hasta 120 días.
Sin embargo, el proceso sufrió ocho postergaciones y el cambio de cinco directores generales de Administración del Mininter. En diciembre de 2025 la convocatoria fue declarada nula por observaciones técnicas y de libre concurrencia de postores.
El 2 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior canceló definitivamente la licitación. Al día siguiente, reactivó el requerimiento mediante FAME y el 2 de julio otorgó la buena pro a la empresa israelí IWI. Según la investigación, su propuesta era la de mayor valor entre las evaluadas en el concurso anterior, con una diferencia estimada de 13 millones de dólares frente a las ofertas más bajas.
Tras conocerse la información, el ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante, evitó declarar sobre la contratación. El presidente José María Balcázar, en cambio, expresó reparos respecto al mecanismo de desembolso. Calificó como “sospechoso” que el monto total de la compra se hubiera pagado antes de recibir el armamento.
Diario Correo
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