El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió ayer, sábado, una nueva resolución a favor de Rafael López Aliaga, dejando sin efecto su credencial como senador electo y disponiendo que Absalón Vásquez asuma el cargo por ser el candidato que le sigue en orden de prelación de la votación preferencial de Renovación Popular. La decisión fue tomada por mayoría del pleno del JNE.
Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del JNE, explicó a RPP que el fallo responde a un "vacío normativo" señalado por el actual Congreso. Según Quiroz, el pleno actuó tras recibir la comunicación del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también la cursada por el propio López Aliaga. "Lo que determina el propio Congreso de la República es que existe un vacío normativo", indicó.
Quiroz detalló que la Oficialía Mayor del Congreso debía recibir, hasta el 30 de junio, todas las declaraciones juradas y las credenciales de los senadores electos. Al no recibir la credencial de un senador electo, la Oficialía Mayor puso en evidencia esta situación para que se adopten las decisiones correspondientes. "En ausencia de la credencial de un senador electo es que la Oficialía Mayor pone de manifiesto esta situación, para que se tomen o se adopten las decisiones que correspondan para superar esta deficiencia", sostuvo.
El funcionario afirmó que el JNE resolvió la controversia "para salvaguardar la representación política que corresponda" a los partidos en la asignación de escaños parlamentarios. "El pleno del Jurado Nacional de Elecciones afirma, y así lo ha resuelto y ha plasmado en esta resolución, es que, en determinadas controversias de índole electoral, corresponde emitir pronunciamiento para salvaguardar la representación política que correspondan a las organizaciones políticas que se haya plasmado a través de la asignación de escaños", explicó Quiroz.
De esta manera, el JNE descartó que el fallo haya respondido a presiones políticas, subrayando que se trató de una decisión técnica para llenar el vacío legal detectado por el Congreso.
El pleno del JNE ha reconocido que su resolución a favor de Rafael López Aliaga responde a un “vacío normativo” y, en ese sentido, ha dispuesto que la Oficina General de Asesoría Jurídica elabore un proyecto de ley para cubrir esa deficiencia. Así lo explicó el vocero del organismo, quien detalló que el pronunciamiento se emitió “en resguardo de la voluntad popular” al identificarse “una situación de vacío en la que no se podría integrar uno de los senadores a este nuevo Congreso bicameral”. “Es a este vacío normativo que responde la resolución que ha emitido el pleno del JNE, sobre la base del proceso de conformación del nuevo Senado”, señaló Quiroz. Agregó que existen estadios dentro del proceso —como la etapa de recepción o trámite administrativo que manejan la Oficialía Mayor del Congreso y la junta preparatoria que recibiría a los nuevos senadores— que “tienen importantes consecuencias jurídicas” para la conformación del nuevo Senado. “En esta deficiencia de un marco normativo que regule la situación es que el pleno del JNE ha evaluado señalando, por una parte, que al atender este pedido de ninguna manera se está haciendo una calificación sobre lo que es la irrenunciabilidad del mandato legislativo”, añadió. El vocero enfatizó que el pleno reconoce que “dentro de la normativa vigente existe un vacío, vacío que debe merecer una integración a través de un pronunciamiento”. Ese pronunciamiento, dijo, “permite llenar esa situación o suplir la deficiencia en el marco reglamentario, por una parte que tiene rango de ley, y dentro del marco constitucional”. Además, “en reconocimiento de esa deficiencia, el pleno del JNE ha dispuesto que la Oficina General de Asesoría Jurídica también emita un proyecto de ley, se remita al Congreso previa aprobación del pleno en el que se integre o se mejoren esas deficiencias en la integración y en la interpretación normativa”, aseveró. Por otro lado, Quiroz negó que el sentido de la resolución haya respondido a presiones políticas desde Renovación Popular, organización que mantiene una actitud beligerante contra el JNE tras alegar, sin pruebas, que hubo un fraude en su contra en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales. El funcionario precisó que las competencias del JNE no concluyen con la proclamación de los resultados ni con la emisión de credenciales, sino que puede intervenir “cuando exista una controversia de naturaleza electoral”. En esa línea, señaló que el pleno del JNE, mediante votación en mayoría, “lo que ha afirmado expresamente es que las competencias del Jurado Nacional de Elecciones no se agotan con la proclamación de resultados”. Agregó que, en determinadas situaciones objetivas o ante una controversia electoral, corresponde emitir un pronunciamiento que permita “la plena integración, en este caso del Senado para el nuevo Congreso Bicameral”. “El JNE, en todas sus decisiones, responde de manera objetiva y con apego estricto al ordenamiento jurídico vigente. Las decisiones que emitan no responden a presiones o cuestionamientos. Solamente se aplica de manera estricta lo que el mandato constitucional, la Ley Orgánica de Elecciones y las normas complementarias permiten adoptar como decisiones al Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo. El fallo, puntualizó, se sustenta “sobre la base del marco constitucional, reglamentario vigente” para arribar a esa conclusión.
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