En el debate político peruano resurge con frecuencia la posibilidad de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), impulsada por la compleja relación entre el Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Actualmente, el Perú es el país con más sentencias condenatorias entre los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y, además, registra un alto nivel de incumplimiento de esos fallos. La Corte IDH ha sido clave en la protección regional de derechos, pero ha perdido legitimidad institucional al emitir pronunciamientos que varios Estados consideran una afectación directa a su soberanía.

A pesar de estas tensiones, la Constitución peruana permite que cualquier ciudadano acuda a una instancia supranacional si considera que en la vía interna no se protegieron sus derechos. Si el Perú abandonara el SIDH, el justiciable quedaría en un estado de indefensión ante eventuales vulneraciones en sede nacional. Por ello, la salida del sistema es una solución políticamente inconveniente y con tensiones constitucionales.

La vía más adecuada, según el análisis, es buscar —mediante el diálogo institucional y junto a otros Estados parte— que la Corte IDH adopte un enfoque moderado. Eso implicaría permitir un margen de apreciación nacional cuando corresponda y aplicar correctamente el principio de subsidiariedad, que debe guiar su función jurisdiccional para proteger derechos sin menoscabar la soberanía estatal.

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