La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que el Perú tiene una cartera de más de US$ 52,000 millones en proyectos de infraestructura listos para invertir, pero gran parte de esas iniciativas no se ejecutan por problemas de gestión pública. Según el gremio, ese monto podría dinamizar la economía y generar alrededor de dos millones de empleos.
En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, el presidente de AFIN, Carlos Pacheco Romaní, afirmó que el sector privado mantiene el interés por seguir invirtiendo en el país, aunque el principal obstáculo no es la falta de financiamiento, sino las trabas administrativas que enfrentan los proyectos desde su etapa de planificación. "Existe una total disposición del sector privado por seguir invirtiendo. Lo que necesitamos son condiciones y promoción, no trabas", sostuvo.
Pacheco explicó que los US$ 52,000 millones corresponden a proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, iniciativas concesionadas que aún tienen inversiones pendientes y el portafolio de ProInversión. Sin embargo, señaló que uno de los principales problemas es la fragmentación del Estado para gestionar obras. Indicó que actualmente existen más de 2,200 unidades ejecutoras en el país, lo que obliga a los inversionistas a obtener permisos y autorizaciones de múltiples entidades cuando desarrollan carreteras, líneas de transmisión, puertos o gasoductos.
"Cuando desarrollas un proyecto lineal tienes que interactuar con numerosas autoridades. Necesitamos una mejor gobernanza y una coordinación mucho más eficiente para ejecutar los proyectos", afirmó Pacheco.
Brecha millonaria y sobrecostos
El presidente de AFIN, Pacheco, advirtió que el país enfrenta una brecha de S/ 171,000 millones en infraestructura educativa y otra de S/ 138.000 millones en agua y saneamiento, montos que difícilmente podrán cubrirse solo con fondos públicos. Frente a esto, propuso a las asociaciones público-privadas (APP) como una herramienta clave para acelerar el cierre de brechas en sectores como salud, educación, agua y saneamiento. Destacó que las APP no solo financian nuevas obras, sino que aseguran su operación y mantenimiento durante toda su vida útil. “No podemos seguir haciendo infraestructura sin garantizar su mantenimiento. Es como construir una casa y nunca darle mantenimiento; con el tiempo terminará deteriorándose”, señaló.
Pacheco también cuestionó la forma en que el Estado planifica y ejecuta la infraestructura pública. Puso como ejemplo que incluso proyectos con autorizaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pueden quedar paralizados porque otras entidades solicitan nuevos estudios o permisos, retrasando el inicio de las obras. Según datos del Banco Mundial, el 45% de las obras públicas ejecutadas entre 2013 y 2022 quedó abandonado, lo que refleja deficiencias en la preparación de los proyectos. A esto se suma la falta de un catastro nacional integrado y de una gestión unificada del territorio, factores que generan retrasos y elevan los costos de construcción.
En esa línea, citó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que concluye que los proyectos de infraestructura en la región pueden registrar sobrecostos de hasta 80% cuando no existe una adecuada planificación. De cara al próximo gobierno, planteó acelerar la ejecución de corredores logísticos, fortalecer la integración entre carreteras, puertos y aeropuertos, y mejorar la planificación territorial para reducir tiempos y costos en la ejecución de proyectos.
El gremio considera que destrabar la cartera de proyectos es una oportunidad clave para impulsar el crecimiento económico, elevar la competitividad y reducir las brechas de infraestructura que aún limitan el desarrollo del país. En ese sentido, pidió otorgar mayor predictibilidad a las inversiones en infraestructura y evitar decisiones que generen incertidumbre. Como ejemplo, señaló la exclusión de recursos para la Nueva Carretera Central en el reciente crédito suplementario.
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