A menos de dos semanas del cambio de gobierno, con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) próxima a asumir la presidencia, el futuro del expresidente Pedro Castillo se complica aún más. No solo los múltiples pedidos de indulto a su favor por el caso de conspiración para la rebelión no cumplen con los requisitos, sino que existe otra orden de prisión preventiva vigente de la que tampoco puede librarse.

Cuando Castillo ya estaba recluido en el penal de Barbadillo (Ate) con una prisión preventiva por el golpe de Estado, se dictó una nueva medida en su contra: 36 meses de prisión preventiva por una investigación por presunta organización criminal y colusión. Esa medida se amplió por doce meses más en marzo último y ahora vencerá en marzo del 2027. Por ello, para acceder a un indulto, Castillo no solo incumple el requisito de la sentencia firme –por conspiración para la rebelión–, sino que tampoco cuenta con el exceso de carcelería necesario para recurrir al “derecho de gracia” y pedir la extinción de la causa penal por corrupción.

Según el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, el presidente José Balcázar solo puede ordenar un derecho de gracia si “la etapa de instrucción”, hoy investigación preparatoria, “ha excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. En febrero del 2026, el juez Edhin Campos amplió por 20 meses más dicha etapa a pedido de la Fiscalía. El penalista Andy Carrión detalló a Correo que “el delito de organización criminal tiene los plazos más extensos, pues solo en la etapa preliminar pueden otorgarse 36 meses”. Por ende, la etapa no ha excedido el doble de su plazo más su ampliatoria, con lo cual, según Carrión, “habría una limitación”.

Por su parte, el constitucionalista Luis Roel indicó que “la gracia presidencial otorgada de forma inválida e inconstitucional puede revocarse de oficio por el próximo presidente”, pero ello podría ser inútil si Castillo se asila.

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