El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha puesto en marcha una campaña diplomática con el objetivo de desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal con sede en La Haya que juzga a individuos por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. La iniciativa busca frenar las investigaciones del organismo sobre presuntos crímenes de guerra atribuidos a fuerzas estadounidenses en Afganistán y a autoridades israelíes en Gaza.
En un video difundido en X y un artículo de opinión en The Wall Street Journal, Rubio acusó a la institución de "librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional". El Departamento de Estado confirmó que la campaña buscará "deshabilitar de manera sistemática" la capacidad del tribunal para operar o apuntar contra militares y funcionarios estadounidenses. Como parte de esta ofensiva, Washington presiona a sus aliados para que se retiren de la CPI, suspendan sus aportes financieros y evalúen sanciones contra miembros del tribunal y organizaciones colaboradoras.
Esta escalada representa un paso más allá de las tensiones previas entre la administración de Donald Trump y la CPI, creada en 2002. Cabe recordar que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, al igual que Israel y Rusia.
La administración Trump ya había impuesto durante 2025 sanciones a nueve miembros del personal de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el fiscal jefe Karim Khan, sus dos adjuntos y seis jueces. Esas medidas, que prohíben el ingreso a EE. UU. y bloquean cualquier transacción financiera o inmobiliaria bajo jurisdicción norteamericana, fueron una respuesta a las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y por el gobierno israelí en Gaza. Ahora, el plan del Departamento de Estado va más allá: contempla que diplomáticos y embajadores estadounidenses contacten a sus contrapartes en todo el mundo para instarlas a retirarse del organismo y suspender cualquier aporte financiero. La presión se dirige en especial a naciones que "colaboran con las fuerzas del orden estadounidenses, albergan presencia militar de Estados Unidos o se benefician del paraguas de seguridad de Washington", según indicó un funcionario. Las herramientas que evalúa la administración incluyen prohibiciones de viaje, revocación de visados y un aumento de las sanciones contra el personal de la CPI y las organizaciones que colaboran con ella. En su artículo en el Wall Street Journal, el secretario de Estado Marco Rubio llegó más lejos al afirmar que el tribunal está "respaldado y dirigido por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas arrogantes y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos". Rubio prometió "desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo si es necesario".
Las sanciones también alcanzaron a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos que colaboraron en la recolección de pruebas. La CPI había emitido en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin, decisiones que profundizaron las tensiones con Washington.
Frente a ello, la reacción internacional fue inmediata. Japón expresó su respaldo a través de su portavoz gubernamental Minoru Kihara, quien señaló que el archipiélago "concede gran importancia a la erradicación y prevención de delitos graves, así como a la defensa del Estado de derecho" y que sigue "con preocupación" el anuncio estadounidense. Desde la Unión Europea, el portavoz comunitario de Exteriores Anouar el Anouni fue tajante: "Nuestra postura sigue siendo inalterable y muy clara: mantenemos nuestro firme apoyo a la Corte Penal Internacional y a los principios consagrados en el Estatuto de Roma". La Comisión Europea añadió que "los ataques o amenazas contra la Corte, sus funcionarios electos, su personal o quienes colaboran con ella son sencillamente inaceptables".
La ONU también se pronunció. Su portavoz Stéphane Dujarric afirmó que la CPI "sigue siendo una pieza clave en el sistema de justicia internacional" y que "contribuye a que se rindan cuentas por los delitos más graves".
El choque se agrava por casos de Israel y Afganistán
La ofensiva de Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional (CPI) no solo revela una supuesta hipocresía estadounidense, sino que amenaza el acceso a la justicia a nivel global, según advirtió Raed Jarrar, director de incidencia política de Dawn. “No es la CPI lo que Rubio está desmantelando, sino el orden internacional basado en normas que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial”, señaló, alertando que el impacto alcanza desde Ucrania hasta Sudán. Un exalto funcionario estadounidense, que pidió anonimato, agregó que la campaña podría tener un alcance preventivo, orientado a frenar futuras investigaciones de la CPI sobre Venezuela u otros países.
Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch, fue contundente al rechazar la interpretación de Rubio sobre las atribuciones del tribunal: “La CPI no reclama jurisdicción sobre la conducta en Estados Unidos. Rubio disfraza su búsqueda de impunidad para los crímenes de guerra estadounidenses con la etiqueta de soberanía nacional, lo cual ignora el derecho autónomo de otras naciones a invocar a la CPI por delitos perpetrados en su jurisdicción territorial”. Roth añadió que “Trump quiere poder cometer crímenes de guerra en el territorio de países que han aceptado la jurisdicción del tribunal; de eso se trata”. Tres expertos legales internacionales coincidieron en rechazar la postura del secretario de Estado.
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