Con el objetivo de combatir la alarmante crisis de violencia de género que azota a México —donde un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día, según Naciones Unidas—, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma judicial que busca castigar el feminicidio con penas de hasta 70 años de prisión. La iniciativa, denominada Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, fue anunciada durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.
Sheinbaum calificó el feminicidio como "un delito de odio asociado a ser mujer" y "la peor forma de discriminación imaginable". La nueva legislación, explicó, garantizará que todas las fiscalías estatales trabajen bajo protocolos homologados para evitar que estos crímenes sean catalogados erróneamente como suicidios. Además, prioriza la atención a las víctimas indirectas y asegura una reparación integral del daño.
El camino legislativo para esta propuesta se abrió el pasado 6 de mayo con una reforma constitucional previa. Con ella, se busca sustituir la dispersión legal que existe entre las 32 entidades federativas por un marco nacional estricto, uniforme y de carácter imprescriptible. La iniciativa también apunta a mejorar la investigación de estos crímenes mediante protocolos homologados entre autoridades, con el fin de erradicar la impunidad y unificar criterios de actuación en todo el territorio mexicano.
La mandataria subrayó que esta ley general es una respuesta a una realidad estructural que exige acciones contundentes para proteger a las mujeres y garantizar justicia frente a la violencia de género que enfrenta el país.
Una ley acorde con la gravedad del crimen
La propuesta presidencial define el feminicidio como privar de la vida a una mujer por razones de género, identificando 10 causales específicas, como violencia sexual, estereotipos, antecedentes de violencia y asimetrías de poder, según detalló la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. La sanción unificará las penas a nivel nacional en un rango de 50 a 70 años de prisión, superando a legislaciones locales menos severas, como la de Zacatecas, que actualmente contempla entre 30 y 50 años.
La iniciativa incorpora 19 agravantes que incrementan las penas cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, embarazadas, adultas mayores, migrantes, periodistas o defensoras de derechos humanos, o si el crimen es cometido por servidores públicos o mediante ataques con sustancias inflamables o ácidos. Además, establece sanciones accesorias severas: inhabilitación y destitución de funcionarios, pérdida de derechos sucesorios y revocación definitiva de la patria potestad, tutela, guarda y custodia.
Una investigación más severa
Para garantizar la efectividad de estas medidas y el cumplimiento de la debida diligencia, la iniciativa introduce la homologación de protocolos especializados de actuación para todas las autoridades de procuración de justicia. Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que las fiscalías especializadas y los ministerios públicos intervendrán de forma continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde la preservación de indicios hasta la ejecución final de las penas.
La consejera jurídica **Luisa María Alcalde** expresó su confianza en que la iniciativa sea debatida y aprobada en el Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre. De lograrlo, México contaría por primera vez con una herramienta penal unificada contra la impunidad en el feminicidio. El modelo operativo de la ley se sustenta en el trabajo de persecución penal que la actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolló como fiscal de la Ciudad de México. Esa estrategia, según se destaca, permitió reducir de forma significativa los índices de impunidad en la capital. El diputado **Bojorges** subrayó que la nueva normativa obligará a las autoridades a incorporar perspectiva de género, analizar el contexto de violencia y mantener una estrecha coordinación interinstitucional para evitar fallas procesales. En el ámbito social y reparatorio, la ley prioriza la protección de las víctimas indirectas, en especial los hijos de las mujeres asesinadas. La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, **Ingrid Gómez Saracibar**, precisó que el proyecto garantiza una reparación integral del daño que sea "transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional". Además, se dará prioridad a la atención médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes y los menores de edad que queden en situación de orfandad.
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