El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una opinión que califica como “un ejercicio de libertad de expresión” la infame proclama del 7 de diciembre de 2022, con la que Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional y ordenar detenciones arbitrarias. Ese dictamen, según Iván Slocovich, es un “adefesio de opinión” que, aunque no vinculante, lleva el sello de la Organización de Naciones Unidas, una entidad que “necesita una urgente reforma por haberse quedado anclada en el tiempo”.

Lo más grave, sostiene el columnista, es que esa postura fue producto de un “escandaloso lobby de la izquierda internacional” que recogió el pedido de uno de los abogados del sentenciado Castillo. Ese letrado, señala Slocovich, pasó más de una década preso por terrorismo y luego se adhirió a una de las fachadas de Sendero Luminoso, “salvaje banda genocida que la ONU conoce muy bien desde hace décadas”.

Para el autor, hubiera sido ideal que la ONU marcara distancias públicas con esa opinión, que respalda a un golpista investigado por corrupción. “Por usar el nombre de la ONU para emitir una opinión que respalda a un golpista que intentó quebrar el orden constitucional y hasta hacer detenciones arbitrarias –sí, detenciones arbitrarias– en un Estado miembro, pudo ser bueno conocer si el organismo internacional como tal está a favor de lo señalado”, cuestiona Slocovich, calificando el dictamen de “insólito, alucinado e irrespetuoso para el Perú”.

El presidente interino José María Balcázar, que en dos semanas dejará el cargo, intenta justificar un eventual indulto al golpista pese a su ilegalidad, basándose en el informe de 19 páginas del grupo de trabajo que, según la columna, debería desecharse. Mientras tanto, el derrotado excandidato presidencial Roberto Sánchez busca movilizar a las calles en favor del recluso del penal Barbadillo, quien aún debe responder por actos de corrupción. Todo esto ocurre mientras la ONU guarda silencio en todos los idiomas.

Está claro que el organismo internacional jamás se pronunciará y, de forma tácita, avalará la opinión favorable hacia Pedro Castillo. El expresidente está preso en virtud de una sentencia en primera instancia y una investigación del Ministerio Público que, según se sostiene, ha seguido todos los estándares internacionales del debido proceso. De no haber sido así, el país ya habría recibido condenas internacionales serias y sustentadas. Las críticas lanzadas por impresentables como Claudia Sheinbaum, de México, y Gustavo Petro, de Colombia, no cuentan.

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