El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, consideró que el próximo gobierno de Keiko Fujimori debe aprovechar el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre iniciativa de gasto para demandar la inconstitucionalidad de varias leyes del Congreso que generen alto costo fiscal y presentan vicios constitucionales. Segura señaló que la modificación del criterio del TC sobre el artículo 79 de la Constitución y otros relacionados a la iniciativa de gasto es positiva, ya que las interpretaciones anteriores generaban contingencias y obligaciones que ponían al Estado en una ruta de insostenibilidad fiscal e incluso un escenario de quiebra.

“El fallo dice que el Congreso efectivamente no tiene iniciativa de gasto. Ese es un derecho del Ejecutivo por su rol rector de la hacienda pública. Aplicaba al gasto del año en curso y de años futuros también”, indicó a RPP. Ante este escenario, Segura apuntó que el siguiente paso corresponde al próximo Gobierno, el cual impulse una revisión integral de diversas normas aprobadas por el Congreso y presente múltiples acciones de inconstitucionalidad contra leyes con fuertes vicios constitucionales.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que el nuevo criterio vinculante del Tribunal Constitucional no solo debe frenar futuras leyes con iniciativa de gasto, sino también revisar las aprobadas en años anteriores. “El criterio es vinculante, rige para atrás. Tienes seis años para presentar las acciones y limpiar. El poder, la artillería, la tiene el Ejecutivo”, sostuvo. Entre los casos mencionados por Segura figuran las normas sobre pensiones con cédula viva para maestros, policías y militares; los beneficios de gratificación para trabajadores CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas. El nuevo Gobierno, explicó, dispone de hasta seis años para presentar acciones de inconstitucionalidad contra aquellas normas que considere contrarias a la Constitución. El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, señaló que los casos incluyen las pensiones con cédula viva para maestros, policías y militares, las gratificaciones para trabajadores CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas. Foto: GEC

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