El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, pidió al Gobierno de Keiko Fujimori que actúe desde el inicio de su gestión y presente demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes aprobadas por el Congreso sobre pensiones, trabajadores CAS y creación de universidades. Segura consideró que estas normas generan un elevado costo fiscal y presentan vicios de constitucionalidad, por lo que deberían ser revisadas a la luz del reciente fallo del TC sobre la iniciativa de gasto público.
En entrevista con RPP, el también exministro de Economía saludó que el TC haya modificado su criterio sobre el artículo 79 de la Constitución, que reserva al Poder Ejecutivo la iniciativa de gasto. "Saludar que el TC haya modificado su criterio sobre el artículo 79 y otros artículos sobre iniciativa de gasto porque habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda de insostenibilidad fiscal, eventualmente la quiebra del Estado peruano", afirmó.
Segura destacó que la sentencia del TC deja en claro que el Congreso no puede aprobar iniciativas que generen gasto, tanto para el año fiscal vigente como para años posteriores. "El fallo dice que el Congreso efectivamente no tiene iniciativa de gasto. Ese es un derecho del Ejecutivo por su rol rector de la hacienda pública. Aplicaba al gasto del año en curso y de años futuros también", señaló.
Consultado por RPP sobre los efectos del fallo, el presidente del Consejo Fiscal sostuvo que el siguiente paso corresponde al nuevo Gobierno, el cual debería presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes ya vigentes que impliquen elevados compromisos fiscales. "Esto se puede rectificar", indicó Segura, al subrayar que el Ejecutivo debe aprovechar el cambio de criterio del TC para ordenar las finanzas públicas.
El miembro del Consejo Fiscal consideró que el nuevo Gobierno tiene hasta seis años para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Congreso. “El criterio es vinculante, rige para atrás. Tienes seis años para presentar las acciones y limpiar. El poder, la artillería, la tiene el Ejecutivo”, afirmó. En esa línea, planteó que el próximo Ejecutivo impulse una revisión integral de diversas normas vigentes. “El próximo Gobierno presente acciones de inconstitucionalidad en multiplicidad de leyes con fuertes vicios de constitucionalidad”, sostuvo. Entre los casos que mencionó figuran las normas sobre pensiones de cédula viva para maestros, policías y militares; los beneficios de gratificación para trabajadores del régimen CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas. Según explicó, las normas sobre pensiones representan el mayor impacto para las finanzas públicas. “Las de pensiones son las leyes con mayor costo, con cédula viva incluso”, advirtió. Respecto a la norma que reconoce beneficios para los trabajadores CAS, Segura consideró que aún existe margen para que el Estado cuestione su aplicación. “De los trabajadores CAS, por ejemplo, no se ha iniciado, no se han hecho los pagos. Entonces corresponde que el MEF no reglamente, en mi opinión, y que espere a que eso se decante”, manifestó. Además, cuestionó la aprobación de leyes que crean nuevas universidades públicas. “La ley que crea universidades también es engañar a los jóvenes del Perú”, sostuvo.
“Hay tarea para atrás y para adelante”
Para Segura, el reciente criterio vinculante del Tribunal Constitucional no solo debe servir para impedir nuevas leyes con iniciativa de gasto, sino también para revisar normas aprobadas en años anteriores. “Hay tarea para atrás y para adelante”, resumió. “Lo que debe ocurrir ahora es ver qué hacer con las leyes aprobadas vigentes que tienen vicios de constitucionalidad”, indicó. “El próximo Gobierno tiene que reaccionar de inmediato. Hacerlo de entrada antes de que surjan presiones. Más vale tarde que nunca, pero esto se puede rectificar si es que el nuevo Ejecutivo reacciona”, concluyó Segura, quien instó a actuar desde el inicio de la gestión para evitar que se generen nuevas obligaciones fiscales. El especialista añadió que, hacia adelante, el Gobierno deberá actuar con mayor diligencia frente a proyectos de ley que impliquen gasto público. “Toda iniciativa del Congreso que genere gasto debe tener informes en contra. Si el Congreso insiste, que observe y que, de ser el caso, lleve el tema al Tribunal Constitucional”, indicó.
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