El Congreso de la República ha puesto sobre la mesa un nuevo régimen especial para adultos mayores emprendedores, en el marco de una serie de beneficios tributarios que el Parlamento vuelve a impulsar para grupos específicos. Se trata del Proyecto de Ley N° 12039-2025-CR, que crea el Régimen de Incentivos Tributarios para Personas Adultas Mayores Emprendedoras (Retpam).
La iniciativa está dirigida exclusivamente a personas naturales de 60 años o más que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema. Además, deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Emprendedores Adulto Mayor (Reneam) y clasificadas como microempresa activa en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).
Entre los beneficios que propone el proyecto destacan: la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) sobre las primeras 25 UIT (S/ 133,750, según el valor del 2025) de renta neta anual; la aplicación de tasas reducidas de IGV (8% durante los primeros 24 meses y 12% en los siguientes 12 meses); y la exoneración, por única vez, de tasas municipales para licencias de funcionamiento y registros comerciales. Estos incentivos serán personales, intransferibles, no prorrogables y estarán condicionados al cumplimiento de obligaciones tributarias y a la permanencia en la actividad formal.
En su exposición de motivos, el texto argumenta que gran parte de la población adulta mayor mantiene capacidad productiva, pero enfrenta barreras tecnológicas, trámites burocráticos y limitaciones de acceso al financiamiento, lo que dificulta su formalización. El objetivo del Retpam es fomentar el “envejecimiento productivo”, reducir la dependencia de programas asistenciales y aprovechar la experiencia laboral acumulada, en línea con la Ley de la Persona Adulta Mayor y la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El Registro Nacional de Emprendedores Adulto Mayor estaría a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en coordinación con Sunat, Produce, Reniec, Sunarp y los gobiernos locales. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá presentar informes anuales al Congreso para evaluar la cobertura, la sostenibilidad fiscal y los resultados de la medida.
Entre los beneficios proyectados figuran el incremento de la recaudación vía IGV, el impulso a economías locales —especialmente en zonas rurales— y la disminución de la presión sobre programas sociales.
Sin embargo, especialistas advierten sobre la viabilidad del régimen. Rodrigo Flores, socio de Hernández & Cía, señala que el Retpam está diseñado para adultos mayores en situación de pobreza o pobreza extrema, lo que implicaría que un grupo importante se ubica en zonas rurales. Este sector, explica, ha operado históricamente en la informalidad y tiene baja cultura tributaria, por lo que un beneficio fiscal por sí solo difícilmente motivaría su paso a la formalidad.
Jorge Dávila Carbajal, socio del Estudio Rubio Leguía Normand, complementa que la falta de alfabetización digital, el acceso limitado a financiamiento y los trámites complejos son barreras que el proyecto no resuelve directamente. A su juicio, si estas condiciones no se abordan con medidas específicas, el régimen podría tener una cobertura reducida o perder beneficiarios con rapidez.
Dávila también considera que la propuesta adolece de una base técnica sólida. Señala que no incluye un análisis cuantitativo del costo fiscal ni estima cuántos potenciales beneficiarios existen o cuál sería el impacto en la recaudación. Cuestiona, además, que no se evalúe si esta es la opción más eficiente frente a otros programas de gasto público, y advierte que podría contradecir los lineamientos del Marco Macroeconómico Multianual, que busca racionalizar las exoneraciones tributarias.
Flores coincide en la importancia de medir el impacto, pero recalca que el proyecto ya contempla evaluaciones anuales a cargo del MEF, el MIMP y la Sunat. A su juicio, este seguimiento permitiría determinar si el régimen cumple sus objetivos y ajustar su diseño para mejorar resultados.
Para Dávila, la creación y administración del Reneam no solo demandará presupuesto adicional para personal y tecnología, sino que también conlleva riesgos de uso indebido. Un ejemplo sería la inscripción de un adulto mayor para encubrir a un tercero que realmente gestiona el negocio, aprovechando indebidamente las ventajas tributarias. Advierte que estas prácticas serían difíciles de detectar sin una fiscalización exhaustiva.
Flores complementa que, aunque estos riesgos son reales, el esquema de monitoreo previsto en el proyecto puede servir para detectarlos a tiempo. No obstante, subraya que la efectividad dependerá de la capacidad operativa de las entidades involucradas y de la coordinación entre ellas.
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta