El próximo 28 de julio iniciará el Gobierno de Keiko Fujimori y, según el periodo presidencial usual en el país, culminaría el 28 de julio de 2031. En ese lapso, al menos ocho Asociaciones Público-Privadas (APP) del sector Transportes y Comunicaciones llegarían a su fin, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a Gestión, vía Portal de Transparencia. Si se amplía la mirada a un horizonte de diez años, la cifra asciende a 19, es decir, más de la mitad de los 32 proyectos que componen la cartera del sector.

Expertos analizan este panorama que obligará a tomar decisiones sobre el futuro de estas APP, especialmente al siguiente gobierno. La interrogante central es si se optará por renovar, licitar o retener en el Estado cada una de estas concesiones.

Entre las APP que vencen en el quinquenio figuran proyectos emblemáticos como el Primer Grupo de Aeropuertos, que incluye terminales cruciales para el Perú como los de Piura, Huaraz, Chiclayo y Pisco; la IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas; los Tramos 2, 3 y 4 de la IIRSA Sur; y el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales Callao. Todos, sin excepción, habrían culminado hacia 2031. En el plazo de diez años, se suman proyectos como el Ferrocarril del Sur y Oriente, el 2do Grupo de Aeropuertos, donde están incluidos los terminales en Arequipa, Juliaca o Tacna, y más.

Ronald Fernández-Dávila, socio de Infraestructura y Proyectos en PPU, recordó que, según el marco legal peruano vigente, las concesiones pueden durar hasta 60 años. Sin embargo, el plazo puede ser extendido vía modificaciones contractuales o, como se les conoce comúnmente, a través de adendas.

Sebastian Gamarra, Asociado Principal de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, señaló que el análisis costo-beneficio de continuar con los contratos es clave en ese proceso. “Lo que existe es un mecanismo de análisis de la propuesta de adenda que presenta el concesionario. Allí se revisa, por ejemplo, si los objetivos de la concesión se han cumplido, qué piden los usuarios y qué podría cubrir esa demanda. De eso resulta qué inversiones y compromisos adicionales hará el concesionario”, sostuvo.

Gamarra se refiere a lo ocurrido tras la entrada en vigencia de la Ley N° 32441, que rige las APP en Perú desde septiembre último. Allí se estableció un procedimiento específico para que el Estado peruano tome previsiones ante la terminación natural de las concesiones. Esta precisión legal se dio tras vivir casos como el de Olmos, que caducó el pasado 25 de septiembre y estaba en manos de Novonor, a través de la Concesionaria Transvase Olmos (CTO).

A raíz de ello, inició un proceso de operación transitoria, a cargo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), entidad adscrita al Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, en la que el proyecto se mantiene hasta ahora a la espera de que se vuelva a licitar.

Esta situación se generó porque el Estado peruano demoró en decidir qué hacer con el futuro del proyecto de irrigación. Recién a finales del 2024, y a pesar de conocer la fecha de fin del contrato con Novonor desde antes, se empezó a comentar públicamente cómo se mantendría activa la APP. Una historia que la Ley N° 32441 pretende no repetir.

Hoy el proyecto Olmos aguarda que ProInversión seleccione a un nuevo operador. Foto: PEOT.

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