“¿Quién decide cuando los médicos no están de acuerdo?”, se pregunta el escritor G. K. Chesterton en Las paradojas de Mr. Pond. En el caso peruano, la respuesta es más simple: todos los analistas, políticos, estudiosos del Estado y ciudadanos coinciden en que existe un aumento desproporcionado de la burocracia estatal que debe reducirse de forma significativa. Así lo reflejan las declaraciones de José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, quien advierte que “en estructura presupuestal, el gasto corriente desplaza a la inversión en un juego de suma fija: 7 de cada 10 soles se gastan en mantener a burócratas, mientras la tasa de ejecución de inversión pública en los gobiernos subnacionales ronda vergonzosa y tristemente un 60-70%, no por falta de dinero, sino por exceso de trámites y burocracia”.

Detrás de esta expansión se encuentra una incorrecta aplicación del principio de subsidiariedad del Estado, regulado en el artículo 60 de la Constitución. Dicho principio defiende que el Estado no debe tener un rol protagónico en la economía, ni contar con una burocracia sobredimensionada, ni asfixiar con excesivos impuestos o regulaciones interminables. Sin embargo, la incomprensión de esta norma lleva a que la organización estatal se haga cargo de todas las necesidades, convirtiéndose en una gran inteligencia planificadora que se arroga la facultad de dirigir todo. Para cumplir ese gigantesco plan, el Estado recurre al ensanchamiento gradual de su aparato burocrático y a la imposición de nuevas cargas tributarias que terminan afectando directamente a los ciudadanos contribuyentes.

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