La operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH), Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP), ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el fallo judicial que respalda la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el puerto. La decisión fue comunicada por la empresa luego de conocer la resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo que había interpuesto contra el regulador.

Según informó Gestión, la sala constitucional determinó que Ositrán puede continuar ejerciendo sus funciones de regulación, supervisión y fiscalización en el terminal de Chancay, al considerar que CSPCP no logró acreditar “la existencia de una amenaza cierta e inminente contra sus derechos fundamentales”. La empresa, en un comunicado oficial, aclaró que acudió a instancias judiciales para hacer valer sus derechos específicamente en relación con la supervisión de Ositrán, y remarcó que ello no afecta la autoridad del Estado para ejercer control en todos los aspectos operativos, ambientales, tributarios y otros, incluyendo las oficinas de Sunat (Aduanas), APN, DIRANDRO, SENASA, Policía Fiscal, Migraciones y autoridades sanitarias, según la competencia de cada entidad.

La compañía subrayó que el TPMCH tiene una naturaleza “totalmente privada” y opera en condiciones de plena competencia en el mercado peruano. Por ello, considera que “la pretensión de Ositrán de ejercer potestades más allá de las indicadas en la Ley del Sistema Portuario Nacional afecta derechos constitucionales y vulnera el principio de legalidad”. Con este argumento, CSPCP confirmó que llevará el caso al Tribunal Constitucional, en un nuevo capítulo del conflicto entre la operadora china y el regulador estatal.

La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP) ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el fallo que respalda la supervisión de Ositrán. En un comunicado, la compañía sostiene que la sentencia no solo perjudica aspectos funcionales y financieros, sino que también afecta “el marco jurídico en el que los inversionistas confían”. Previamente, el abogado de CSPCP, Ramiro Portocarrero, había adelantado a RPP que interpondrían un recurso de Agravio Constitucional con el objetivo de que el TC revise el caso y revierta la decisión de la Corte Superior.

La empresa critica que el fallo no haya desarrollado los temas de fondo de su demanda de amparo, como el marco legal vigente al momento de la inversión y las competencias de las autoridades del Estado. Por ello, y amparándose en los mecanismos legales disponibles, CSPCP acudirá a la siguiente instancia constitucional, donde confía en que se aborde integralmente su reclamo. “Estamos convencidos de la solidez de nuestros argumentos legales, así como en la capacidad del Poder Judicial para su exhaustiva revisión”, señala la compañía.

Pese a la controversia, CSPCP reafirma su compromiso de respetar y cumplir la normativa nacional, y asegura que mantendrá al servicio del país una infraestructura portuaria moderna y eficiente, bajo los más altos estándares internacionales, como una herramienta para el progreso del país.

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