Con la publicación del Decreto Supremo N.º 001-2026-EF en el diario oficial El Peruano, ya rigen las modificaciones al Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069), según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida busca acelerar y simplificar los procesos de compras públicas para garantizar la provisión oportuna de servicios, obras y bienes de calidad para la ciudadanía, como parte de una estrategia de optimización continua del sistema de contratación pública.

“Desde el MEF estamos modernizando las compras públicas para que el Estado responda con mayor rapidez y calidad a las necesidades de la población. Procesos más simples y claros permiten que los recursos públicos se traduzcan en servicios oportunos, obras bien ejecutadas y bienes de calidad para las familias”, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

La normativa impacta en las tres fases del proceso: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual, reforzando la agilidad, eficiencia y predictibilidad en el uso de los recursos del Estado. Entre las principales modificaciones se incluyen ajustes en la segmentación de contrataciones, el fortalecimiento de las funciones de los evaluadores, mejoras en la evaluación de ofertas en procesos con precalificación y cambios en la designación de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Estas medidas buscan reducir riesgos, controversias y retrasos durante la ejecución contractual.

La modificación del reglamento de contrataciones entró en vigor tras la publicación de la Resolución Directoral N.º 001-2026-EF/54.01, difundida el 13 de enero de 2026 en El Peruano, según la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.º 001-2026-EF. Dicha resolución actualiza el artículo 8 de la directiva que regula las bases estándar de uso obligatorio en los procedimientos de selección. El MEF precisó que estas mejoras recogen las observaciones y consultas formuladas por proveedores y entidades contratantes tras la aprobación del reglamento en 2025, con el fin de facilitar su aplicación práctica y optimizar la interacción entre el Estado y el sector privado.

La directiva establece 19 bases estándar, entre ellas las aplicables a licitaciones públicas para bienes, el suministro del programa Vaso de Leche, la ejecución de obras, concursos públicos para proyectos arquitectónicos y consultoría de obras, así como la subasta inversa electrónica. Con ello, se busca garantizar criterios homogéneos y mayor transparencia en las contrataciones estatales.

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