En más de cinco décadas, al menos seis gobiernos peruanos intentaron reformar la educación con profundidad. Todos dejaron aportes que aún persisten, pero todos chocaron contra el mismo muro: la distancia entre lo que prometían las leyes y la capacidad real del Estado para mantenerlas en el tiempo.

El primer gran intento fue el de Juan Velasco (1968-1975). A partir de un diagnóstico de la UNESCO, promulgó la Ley 19326, reorganizó el currículo, fortaleció la educación rural, promovió la educación para el trabajo y reconoció las lenguas originarias. Sin embargo, su gobierno asfixió la economía con estatizaciones y la reforma quedó truncada, sin recursos ni estabilidad. Fernando Belaúnde (1980-1985) no continuó ese camino. La reemplazó con la Ley 23384, cuyos reglamentos principales nunca se aprobaron. Su mayor legado fue la Ley del Profesorado de 1984, que ordenó la carrera docente, pero sin integrarla a una reforma educativa más amplia.

Alberto Fujimori (1990-2000) heredó un sistema colapsado. Con el mayor respaldo financiero del Banco Mundial, impulsó infraestructura escolar, duplicó el gasto por alumno, lanzó el Programa MECEP y abrió la inversión privada con el Decreto Legislativo 882, elevando la cobertura. No obstante, los salarios docentes se estancaron y nunca se construyó una carrera basada en el mérito. Alejandro Toledo (2001-2006) dejó un legado institucional más perdurable: la Ley General de Educación 28044, que sigue vigente hoy.

La fragmentación del régimen magisterial que dejó la ley de 2007 —de tránsito voluntario hacia la meritocracia— fue corregida por Ollanta Humala (2011-2016) con la Ley de Reforma Magisterial de 2012, que unificó los regímenes laborales e hizo obligatorias las evaluaciones para el ingreso, ascenso y permanencia. Ese mismo gobierno aprobó la nueva Ley Universitaria, que creó la SUNEDU, y la primera Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Antes, Alan García (2006-2011) había dado un paso decisivo con la Ley de Carrera Pública Magisterial de 2007 y la modernización de colegios emblemáticos, pero al ser voluntario el tránsito, gran parte del magisterio quedó fuera.

Este recorrido deja una lección: ningún gobierno construyó sobre los cimientos del anterior. Casi todos prefirieron desmontarlos para levantar su propia reforma. Lo cierto es que la educación peruana no necesita otra gran transformación. Necesita, por primera vez, la voluntad política de terminar una sola.

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