La senadora electa de Juntos por el Perú (JP), Silvana Robles Araujo, cuestionó la legitimidad del próximo gobierno de Keiko Fujimori, a quien acusó de haber “promovido la impunidad como práctica política” y de no haberse “deslindado del legado político de su padre”, Alberto Fujimori. Las declaraciones se produjeron tras la reciente proclamación de los resultados de la segunda vuelta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de sus redes oficiales, Robles sostuvo que el proceso electoral no blinda a las autoridades de responder por sus antecedentes políticos. “Ningún acto formal puede otorgar legitimidad democrática a un proyecto que reivindica la corrupción, el autoritarismo y las graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó la parlamentaria.

En esa línea, la legisladora remarcó que la labor de gobernar trasciende los resultados electorales. “Gobernar exige mucho más que una proclamación oficial: exige construir legitimidad mediante el respeto irrestricto a la democracia, a los derechos humanos y a las instituciones de la República”, sentenció Robles.

Senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, cuestiona legitimidad del gobierno de Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, condicionó el diálogo con Keiko Fujimori al cumplimiento de tres demandas: la libertad del expresidente Pedro Castillo, una investigación sobre las muertes en las protestas del sur y la derogación de las leyes pro crimen. Aunque su organización mantiene una postura abierta al debate político, precisó que existe desconfianza hacia la gestión entrante. “Este gobierno nace con rechazo social en la mayoría del territorio patrio y con ilegitimidad”, señaló vía Latina. Además, Sánchez manifestó haber interpuesto una medida cautelar ante la CIDH por haber “causado la nulidad del proceso de elecciones en el exterior al cambiar la normativa”.

Por su parte, la futura senadora de Juntos por el Perú, Robles, anunció que su gestión parlamentaria se caracterizará por una oposición "firme, democrática y vigilante". Se comprometió a fiscalizar las decisiones del nuevo gobierno y a proteger los derechos de los sectores más vulnerables, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas.

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