El abogado constitucionalista Joseph Campos se pronunció sobre la posibilidad legal de que Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y senador electo, renuncie al cargo que obtuvo en abril para postular como teniente alcalde en las elecciones municipales de octubre. Según Campos, existen antecedentes con resultados dispares: el caso de Arturo Castillo Chirinos, quien demoró meses en jurar como congresista tras ser alcalde de Chiclayo, y el de Javier Valle Riestra, a quien el Tribunal Constitucional sí le permitió la renuncia.
La polémica se intensificó luego de que, el viernes, Renovación Popular emitiera un comunicado exhortando al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a "proceder a convocar y proclamar al senador accesitario" de López Aliaga "para que preste juramento y asuma el cargo". Esto ocurrió después de que el Parlamento enviara un informe al JNE señalando que, mientras el senador electo no se incorpore al Congreso, la competencia para decidir recae en el organismo electoral.
El propio López Aliaga ha insistido en su intención de no asumir la curul y ha solicitado al JNE dejar sin efecto su credencial. Ante esta situación, Roberto Burneo, presidente del JNE, indicó en conferencia de prensa que el pleno del jurado está evaluando el informe del Congreso y garantizó que "todas las incidencias van a tener una respuesta absolutamente motivada sobre la base del ordenamiento jurídico".
En ese contexto, la pregunta central es si existe algún camino legal que permita al exburgomaestre renunciar al Senado para postular a otro cargo. Campos analizó los precedentes y advirtió que la clave está en que López Aliaga "no es un senador en funciones, y lo que protege la prerrogativa es la función".
Joseph Campos subrayó que, en el caso de Rafael López Aliaga, el Parlamento le está oponiendo una prerrogativa para impedir su renuncia, al argumentar que, una vez electo senador, se es senador. Sin embargo, el letrado precisó que existen diferencias clave entre un privilegio y una prerrogativa. "El privilegio le pertenece a la persona, al grupo, y la prerrogativa le pertenece a la institución y sirve para que funcione mejor", explicó. En ese sentido, lo que se está usando para no reconocer la renuncia es la irrenunciabilidad del cargo de senador, similar a la que antes regía para los congresistas.
Campos también aclaró que López Aliaga es un senador electo, pero "no es un senador en funciones, y lo que protege la prerrogativa es la función". Un senador entra en funciones recién después de jurar al cargo, remarcó. "¿Por qué se le tendría que dar a un senador la prerrogativa de no renunciar? Porque lo que se pretende evitar es que, a partir de determinadas situaciones por fuera del cargo, lo obliguen a renunciar y, con eso, afectar no solamente el tema de número de senadores, sino, además, eventualmente, una correlación o una voluntad que se pretende impulsar dentro del Senado", agregó. Así, la prerrogativa busca que nada externo pueda forzar una renuncia y frustrar la voluntad popular.
No obstante, el abogado señaló que el Tribunal Constitucional (TC) ya se ha pronunciado al respecto: cuando la prerrogativa no sirve para proteger lo que debe proteger, en realidad "está afectando la libertad individual de una persona". Aun así, consideró que existe una sanción política de por medio, pues "lo que no debemos permitir al político es que haga lo que quiera". De esta forma, el debate se centra en si la prerrogativa de irrenunciabilidad aplica a un senador que aún no ha asumido funciones, como es el caso de López Aliaga.
Según Joseph Campos, el letrado señaló que se debe “tener una solución en virtud de la cual, nuevamente, hay que entender para qué sirve la prerrogativa”: “para proteger la función de alguien que es congresista y que ciertamente lo que quiere es que no que no lo fuercen por fuera para efectos de que cambie su voluntad”. En ese sentido, indicó que “si en ese escenario eso no ocurre, porque, primero, ni siquiera ha juramentado, yo creo que habría condiciones para evaluar de otra manera este tema y permitirle renunciar”.
“El senador lo será en el momento de que, el 26 de julio, lo jure. Desde ese momento podrá, en el caso del senador, aprobar iniciativas legislativas presentadas por diputados, etcétera; antes, no”, explicó. Además, recordó la tesis del Tribunal Constitucional en el caso Valle Riestra: “‘cuando no existe la razón por la cual existe la prerrogativa, que es para proteger la función, entonces se afecta la libertad’. Dos, si se le permite renunciar al presidente, ¿por qué no permites que renuncie el senador? Entonces, bajo esos argumentos, yo creo que dice el TC que se afecta la libertad de la persona y la obligas a estar en un lugar donde no quiere”.
Campos puntualizó: “Cuando renuncie —una situación que seguramente va a generar una línea jurisprudencial complementaria a lo de Valle Riestra—, va a tener que permitirse completar el número de senadores, porque lo que se quiere es que en el foro político aparezca lo que la voluntad popular ha expresado, por encima de los nombres”.
Mientras tanto, el JEE ya declaró improcedentes las candidaturas de dos diputados electos que buscaban ser regidores de Lima. Por otro lado, Rafael López Aliaga solicitó al JNE dejar sin efecto su credencial como senador y convocar al accesitario. Burneo señaló que el JNE aún evalúa la respuesta del Congreso sobre la situación del exalcalde. En otros frentes, Alejandro Toledo autorizó a su abogado a pedir el indulto humanitario por su "grave situación de salud". La JNJ restituyó a Carlos Loyola en el proceso de selección de la jefatura de la ONPE al declarar fundada su reconsideración. El PJ declaró improcedente un hábeas corpus que buscaba suspender la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta. El TC también declaró improcedente otro hábeas corpus que pretendía anular la vacancia de Pedro Castillo.
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