El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, condicionó su participación en un eventual diálogo convocado por la presidenta electa Keiko Fujimori a tres exigencias concretas: la derogación de las leyes procrimen, la libertad del expresidente Pedro Castillo y el esclarecimiento de las muertes en protestas ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023. Así lo declaró tras arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según informó RPP.
“Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrimen y, como sienten muchos peruanos, una demanda ética: la libertad del presidente Pedro Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre”, manifestó el exministro. Además, dejó en claro que no confía en la futura mandataria. “Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada”, expresó, descartando por ahora sumarse a la convocatoria que Fujimori busca realizar con distintas fuerzas políticas.
Sánchez también anunció que impulsará una coalición de oposición. El excongresista, que lidera la agrupación política, exigió que antes de cualquier mesa de diálogo exista una decisión política para investigar las muertes registradas durante las protestas sociales que sacudieron al país entre fines de 2022 e inicios de 2023. Con estas condiciones, el dirigente marcó distancia de la presidenta electa y planteó un escenario de negociación condicionado a gestos concretos por parte del nuevo gobierno.
El excandidato presidencial también adelantó que impulsará un bloque político para ejercer oposición durante el próximo quinquenio. "Levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento con el pacto mafioso", afirmó. A su juicio, el país requiere una alternativa frente a lo que considera una concentración de poder entre el Ejecutivo y el Congreso.
Uno de los principales pedidos de Sánchez, dirigente de Juntos por el Perú, fue la instalación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales posteriores al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El exministro sostuvo que ese proceso es indispensable para determinar responsabilidades y atender el reclamo de los familiares de las víctimas. Remarcó que no basta con una convocatoria al diálogo si antes no existe un compromiso para esclarecer esos hechos. Para Sánchez, la investigación de los fallecidos constituye una demanda pendiente que el Estado debe atender antes de abrir una nueva etapa política.
El excandidato presidencial vinculó ese pedido con la necesidad de revisar el paquete de normas que calificó como leyes procrimen, al considerar que afectan la lucha contra la impunidad y debilitan el sistema de justicia. Insistió en que la investigación de las muertes y la derogación de esas leyes son condiciones previas para cualquier diálogo con el gobierno de Keiko Fujimori.
Sánchez cuestionó la proclamación de Keiko Fujimori por parte del JNE
Horas antes de sus declaraciones en Lima, Roberto Sánchez criticó desde Juliaca la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. El dirigente aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados cuando aún estaba pendiente una apelación presentada por Juntos por el Perú respecto a las actas de votación del extranjero. Según explicó, el reglamento electoral establece un plazo para resolver ese tipo de recursos antes de concluir el proceso. "¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver? Eso no es seguridad jurídica, eso no es respetar la ley", declaró Sánchez. Por ello, afirmó que la proclamación no respetó el procedimiento previsto y cuestionó la actuación de las autoridades electorales. Asimismo, sostuvo que el próximo gobierno "nace ilegítimo" y consideró que no cuenta con respaldo en buena parte del país.
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