Con barretas, picos y palas, los comuneros de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, retiraron este viernes las piedras, rocas y bloques de cemento que mantenían bloqueada la bocatoma de Agisales, en el distrito de Ite. La acción permitió restablecer el flujo de agua hacia la provincia de Ilo, en la región Moquegua, que había sido interrumpido durante tres días.
Los manifestantes explicaron que decidieron suspender temporalmente la protesta y otorgar una tregua de tres días al Gobierno, con el objetivo de que se realicen las gestiones necesarias para evitar que el Congreso archive el proyecto de ley 11658/2024-PE. Esta iniciativa busca sanear los tramos de la provincia de Jorge Basadre y algunos de sus distritos en el departamento de Tacna, en el marco de la demarcación territorial.
Los comuneros señalaron que esperan una respuesta favorable del Legislativo dentro de ese plazo. Advirtieron, sin embargo, que si la iniciativa es archivada o sus demandas no son atendidas, retomarán las protestas con mayor intensidad. Esto incluiría un nuevo bloqueo de la bocatoma y otras medidas de fuerza en la zona.
El levantamiento del bloqueo se dio luego de que la bancada de Acción Popular solicitara que el proyecto de ley sea debatido y aprobado por insistencia en el Congreso. Los comuneros, que habían iniciado la medida de fuerza hace tres días, despejaron el canal y retiraron las rocas colocadas durante la protesta, lo que permitió que el agua volviera a discurrir hacia la infraestructura de captación.
El levantamiento del bloqueo se produjo después de que la bancada de Acción Popular solicitara que el proyecto de ley sea debatido y aprobado por insistencia en el Congreso. El vocero de la bancada, Pedro Martínez Talavera, remitió el pedido al presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, planteando que la iniciativa no regrese a las comisiones ordinarias y sea incorporada directamente a la agenda de la Comisión Permanente para ser sometida a votación por insistencia.
Sin embargo, la propuesta ha generado el rechazo de autoridades y organizaciones de Moquegua, que advierten que una eventual aprobación por insistencia podría reactivar las protestas. Consideran que la norma afecta la integridad territorial de la región, especialmente en el sector de Quebrada Honda, distrito de Torata.
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