El proyecto de ley que el Congreso evalúa propone aprobar S/ 9.596 millones para inversión pública, continuidad de servicios del Estado y otras obligaciones presupuestarias. De ese total, S/ 4.160 millones corresponden a créditos suplementarios —financiados con recursos del Tesoro u otras fuentes— y S/ 5.436 millones provienen de recursos determinados, como el canon, que por ley ya tienen un destino específico.
La Contraloría advierte que el MEF, liderado por Rodolfo Acuña, no incorporó de manera expresa en la sustentación del proyecto el diagnóstico del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, publicado semanas antes. Ese informe del propio MEF reconocía un deterioro de las finanzas públicas y alertaba sobre mayores riesgos fiscales. Sin embargo, el ministerio no explicó cómo este nuevo paquete de financiamiento encaja con ese escenario ni qué medidas prevé para gestionar o mitigar esos riesgos.
Si bien el país cumplió la regla fiscal en el último año, viene de un entorno de incumplimientos continuos en las reglas relacionadas con el déficit y el crecimiento del gasto público. La Contraloría señala que, dentro de los créditos suplementarios, hay recursos para bonificaciones extraordinarias e incrementos remunerativos en el sector Educación, sostenibilidad de plazas, acciones pedagógicas y proyectos de inversión de gobiernos regionales y locales. No obstante, insiste en que la exposición de motivos no explica el efecto fiscal que tendría esa composición del gasto.
El informe también advierte que el proyecto incorpora recursos para atender riesgos asociados al Fenómeno El Niño, pero no desarrolla un análisis técnico que sustente la asignación de dichos montos frente a los escenarios de riesgo identificados por las entidades especializadas.
La Contraloría calificó como **una situación adversa** las deficiencias en la sustentación técnica del proyecto, lo que, según advirtió, podría impedir que durante el trámite legislativo se evalúen de manera integral sus efectos sobre las finanzas públicas. Frente a ello, el ente de control recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias para fortalecer la sustentación técnica de la iniciativa. El MEF tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para comunicar al Órgano de Control Institucional las medidas adoptadas, junto con la documentación que las respalde.
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