La Contraloría General de la República puso bajo la lupa la ampliación del presupuesto público de 2026 impulsada por el Ejecutivo. En un informe de orientación de oficio, el organismo de control advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no sustentó técnicamente cómo esta inyección de recursos, que asciende a S/ 9.596 millones, afectará las finanzas del país ni cómo planea enfrentar los riesgos fiscales que el propio ministerio ya había identificado.
El proyecto de ley de crédito suplementario, que ya recibió luz verde de la Comisión de Presupuesto del Congreso, amplía el presupuesto público en hasta esa cifra. Ahora la decisión final reposa en manos de la Comisión Permanente, pero el camino no está libre de observaciones. Según la Contraloría, si bien el proyecto sí explica de dónde saldrá el dinero y en qué se gastará, no justifica técnicamente qué efecto tendrá este mayor gasto sobre la salud de las cuentas públicas ni cómo se relaciona con los riesgos para la sostenibilidad fiscal, entendida como la capacidad del Estado de seguir financiando sus obligaciones sin deteriorar la billetera del tesoro en los próximos años.
La advertencia del ente contralor llega en medio de la preocupación por el estado de las cuentas fiscales. Hace apenas dos meses, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, alertó que la avalancha de proyectos con alto costo fiscal aprobados por el actual Congreso estaba "reventando la tarjeta de crédito" del país, en alusión a la presión que estas iniciativas ejercen sobre las finanzas públicas.
En ese escenario, la principal observación de la Contraloría señala que el crédito suplementario del MEF "no desarrolla la motivación técnica respecto de la incidencia del financiamiento propuesto en la sostenibilidad fiscal, ni su vinculación con los riesgos macrofiscales identificados". La advertencia se suma a las críticas previas sobre el manejo de las cuentas públicas y pone en duda la solidez del sustento detrás de esta millonaria ampliación presupuestal.
El proyecto de ley que el Congreso evalúa propone aprobar S/ 9.596 millones para inversión pública, continuidad de servicios del Estado y otras obligaciones presupuestarias. De ese total, S/ 4.160 millones corresponden a créditos suplementarios —financiados con recursos del Tesoro u otras fuentes— y S/ 5.436 millones provienen de recursos determinados, como el canon, que por ley ya tienen un destino específico.
La Contraloría advierte que el MEF, liderado por Rodolfo Acuña, no incorporó de manera expresa en la sustentación del proyecto el diagnóstico del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, publicado semanas antes. Ese informe del propio MEF reconocía un deterioro de las finanzas públicas y alertaba sobre mayores riesgos fiscales. Sin embargo, el ministerio no explicó cómo este nuevo paquete de financiamiento encaja con ese escenario ni qué medidas prevé para gestionar o mitigar esos riesgos.
Si bien el país cumplió la regla fiscal en el último año, viene de un entorno de incumplimientos continuos en las reglas relacionadas con el déficit y el crecimiento del gasto público. La Contraloría señala que, dentro de los créditos suplementarios, hay recursos para bonificaciones extraordinarias e incrementos remunerativos en el sector Educación, sostenibilidad de plazas, acciones pedagógicas y proyectos de inversión de gobiernos regionales y locales. No obstante, insiste en que la exposición de motivos no explica el efecto fiscal que tendría esa composición del gasto.
El informe también advierte que el proyecto incorpora recursos para atender riesgos asociados al Fenómeno El Niño, pero no desarrolla un análisis técnico que sustente la asignación de dichos montos frente a los escenarios de riesgo identificados por las entidades especializadas.
La Contraloría calificó como **una situación adversa** las deficiencias en la sustentación técnica del proyecto, lo que, según advirtió, podría impedir que durante el trámite legislativo se evalúen de manera integral sus efectos sobre las finanzas públicas. Frente a ello, el ente de control recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias para fortalecer la sustentación técnica de la iniciativa. El MEF tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para comunicar al Órgano de Control Institucional las medidas adoptadas, junto con la documentación que las respalde.
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