En medio de la escalada de extorsión que vive el país, la importación de cámaras de vigilancia se ha disparado como una de las herramientas para mitigar la vulnerabilidad. Según datos de Adex Data Trade, entre enero y agosto de este año ingresaron al Perú más de 111,000 unidades, un 21.5% más que en el mismo período de 2024 y un 99.3% frente a los ocho primeros meses de 2023. Durante todo el año pasado se importaron más de 159,000 cámaras, y solo en lo que va de 2025 ya se ha alcanzado el 70% de esa cifra, sin contar el último cuatrimestre, que suele registrar los volúmenes más altos.

Este dinamismo responde a la curva creciente de la extorsión. Como se informó recientemente, septiembre cerró con el mayor ritmo de crecimiento de denuncias por extorsión en 17 meses, con casi un 20% anual. En el último año móvil, el promedio de estas denuncias fue de 73.3 diarias.

Un reflejo de esta tendencia es la historia de Miguel (nombre usado para reservar la identidad de un pequeño empresario), dueño de una librería puerta a calle en un distrito de Lima Este, cuyo negocio ha crecido en 25 años. Hace poco más de un año, decidió comprar una cámara de vigilancia para el exterior de su local ante el aumento de la percepción de inseguridad. Desde su celular, ahora puede revisar los movimientos alrededor. “Existe temor porque ya hay negocios cercanos a los que les cobran cupo [extorsión]. Hoy, felizmente, no es mi caso”, narra Miguel.

Su caso no es aislado. Gestión identificó que la adquisición de estas herramientas presenta una fuerte tendencia ascendente, como respuesta a la ola de extorsión que azota al país.

Expertos consultados para este informe coinciden en que el alza en la importación de cámaras de seguridad “son una evidencia más del avance campante de la criminalidad” y que, ante la ineficiencia de la seguridad pública, “son los privados que deben asumir estos costos, afectando su desarrollo y de la economía”. “Las cámaras de vigilancia no evitan las extorsiones en estos negocios, pero sirven para disuadir el comportamiento de los criminales. Esto lo vemos en los negocios de distritos consolidados”, señaló Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú (MUP). “El sector privado invierte cada vez más en su seguridad porque la pública no ofrece las garantías. Con el crecimiento de estas importaciones, se tiene una evidencia más”, agregó Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología.

Otro dato analizado por este diario que ayuda a dimensionar la amplia demanda del mercado es que, en el 2023, el promedio mensual de unidades importadas fue 7,134. Para el 2024, la cifra subió 85% (hasta los 13,260 mensual) y, solo hasta agosto último, el promedio es de 95% más que hace dos años, bordeando los 14,000 cada mes. En junio de este año se registró la mayor importación al menos desde el 2023, con casi 27,000 productos recepcionados.

Las marcas de estos productos son diversas, entre las que destacan Hikvision, Cisco, Huawei, Bosch. Otros nombres que aparecen son Axis, Dahua, Avigilion, Vivotek, Pelco y más, se recopiló para este análisis. Así, cabe recordar que Alex Huambachano, director de Canales de Hikvision Perú, mencionó a Gestión que las líneas asociadas a nuevas tecnologías dentro de su rubro de seguridad electrónica terminó el 2024 con un crecimiento de entre 25% y 30%. En este punto, detalló que la adopción de cámaras “Smart” se elevó de un 19% a un 43%.

Hermoza señaló que, a nivel nacional, existen alrededor de 850,000 negocios puerta a calle, como librerías, restaurantes, peluquerías, farmacias independientes, panaderías y, sobre todo, bodegas. No obstante, advirtió que no todos pueden costear medidas de seguridad. “Esta alternativa no llega a todos los sectores. En el caso de las bodegas, para las de subsistencia, cuyos ingresos son de S/ 400 mensuales, no alcanza simplemente. Para las consolidadas de barrio, adquirirla representa cerca del 10% del negocio o los ingresos de todo un mes. Esto significa que sacrifican sus utilidades y otras no quieren crecer por miedo”, explicó. Miguel, por ejemplo, contó que su sistema de cámara de vigilancia le costó aproximadamente S/ 200, pero a eso se suma la necesidad de un celular inteligente y una conexión wifi. Hermoza mencionó que los estimados de asumir este costo para los negocios bordea los S/ 700. Ignorar esta situación por parte de las autoridades es criminal, según el especialista. Por su parte, Zevallos recordó que, al 2022, se calculó que el sector privado gastaba alrededor de S/ 12,000 millones en medidas contra la inseguridad. Sin embargo, esta cifra estaría subestimada, por lo que algunos negocios optan por pagar directamente las extorsiones.

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