Luis Carranza propone reformar elección del directorio del BCRP para blindarlo de ciclos políticos

Ante la proximidad del cambio de Gobierno en Perú, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República deberán designar a los nuevos integrantes del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En ese contexto, el exministro de Economía, Luis Carranza, planteó un ajuste clave para fortalecer la independencia de la entidad monetaria: modificar la forma en que se conforma su directorio.

“Lo único que tenemos que cambiar es cómo formamos el directorio del banco. Cada 5 años, con el cambio de Gobierno, empieza el pánico en el sector empresarial. Tenemos que pasar a un esquema en el cual el Gobierno entrante no tenga mayor impacto sobre la conformación del directorio del BCRP”, declaró durante su intervención en el foro Quo Vadis de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Actualmente, el Poder Legislativo —ahora el Senado, tras la aplicación de la bicameralidad— selecciona a 3 miembros del directorio, mientras que el Poder Ejecutivo elige a los otros 4, incluido al presidente del BCRP, quien debe ser aprobado por el Congreso. Para Carranza, este mecanismo permite que los ciclos políticos afecten la conducción de la política monetaria, pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del BCRP ya establecen salvaguardas para la estabilidad.

El economista propuso que los siete miembros del directorio sean elegidos por periodos más extensos —de 7, 8 o 9 años— y que su renovación no sea total en cada cambio de Gobierno. “El directorio debería ser siete miembros elegidos tras 7, 8 o 9 años y con renovaciones con tercios (de cada Gobierno)“, explicó. De esta forma, se garantizaría un menor impacto político sobre la conformación del directorio y se evitaría el pánico empresarial que, según dijo, se desata cada cinco años con la llegada de una nueva administración.

Para el extitular del Ministerio de Economía, Luis Carranza, la única modificación en el frente monetario sería la conformación del directorio del BCRP. Sin embargo, advirtió que la tarea “fuerte” está en otras áreas, pues el país arrastra una década de deterioro económico. “Luego de las reformas de los 90, en la siguiente década se consolidaron varias. Desgraciadamente no mantuvimos esas políticas hacia adelante. Ha venido un deterioro constante a partir de la última década y hasta ahora estamos pagando esa factura”, señaló.

Entre las reformas pendientes, Carranza propuso cambios en el sistema tributario para fomentar la reinversión de utilidades. Sugirió bajar un punto por año el Impuesto a la Renta (IR) durante un periodo determinado, de modo que las empresas que reinviertan terminen pagando solo un 20%. La gestión de las finanzas públicas también debe evaluarse. El economista alertó que el Estado muestra un crecimiento descontrolado del gasto corriente, por lo que recomendó retornar al esquema fiscal que se aplicaba hace casi dos décadas.

Carranza recordó que entre 2007 y 2008 el gasto corriente tenía un tope de crecimiento de 3% (luego subió un punto más), mientras que la inversión pública no tenía límite, siempre que se respetara el 1% del PBI como déficit fiscal. El problema, indicó, comenzó en 2013, cuando se modificó la regla y se dejó de distinguir entre gasto corriente y gasto de inversión.

Sector laboral. Carranza consideró que, de momento, no se debería tener en cuenta una reforma en este ámbito. Esto debido a que, con la división que existe en el país, una reforma laboral no tendría sostenibilidad política en el tiempo por lo que se debería evaluar cuando la pobreza retorne a sus niveles previos a la pandemia y el Perú tenga nuevamente fuertes incrementos en ingresos promedios.

“Una reforma importante es regresar a un esquema como el que teníamos en 2007 o 2008 poniendo tope al crecimiento del gasto. No se trata de recortar o desvincular trabajadores, se trata de evitar que sigan entrando personas que no necesitamos en el sector público”, explicó.

Unidad de seguimiento del MEF

Otro aspecto importante es la infraestructura, resaltó el exministro. Según indicó, la brecha de infraestructura alcanza el 50% del PBI mientras existen cerca de S/ 70,000 millones en obras paralizadas en sectores críticos como saneamiento.

Ante esa situación, consideró necesaria la creación de una unidad de seguimiento estricto dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que evite errores contractuales y las costosas demandas que el país enfrenta actualmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

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