Poder Judicial reanuda demanda que busca eliminar la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez

La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó la decisión de primera instancia que había declarado fundada la excepción de incompetencia y, en consecuencia, había dado por concluido el proceso. Ahora, el juicio contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ositrán y Lima Airport Partners (LAP) continuará su trámite ante el juzgado correspondiente. De esta manera, el Poder Judicial abrió la puerta para que siga adelante el proceso que busca dejar sin efecto el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El proceso de amparo fue presentado por el Consejo de Promoción y Desarrollo del Turismo de Lima (Proturismo). Su objetivo principal es que se declare nula la Sexta Adenda al contrato de concesión del aeropuerto, firmada en 2013 entre el Estado peruano y LAP, en el extremo que autoriza el cobro de la TUUA a los pasajeros de transferencia. Además, la demanda solicita declarar nula la resolución de Ositrán que aprobó el cobro de esta tarifa; ordenar al MTC abstenerse de exigir a las aerolíneas incorporar dicho cobro en los boletos aéreos; y condenar a las entidades demandadas al pago de costas y costos del proceso. En primera instancia, el juzgado consideró que el caso debía resolverse mediante un proceso contencioso administrativo y no por la vía constitucional, al estimar que no existía una necesidad de tutela urgente. Sin embargo, la Sala Constitucional concluyó que el caso sí puede ser analizado mediante un proceso de amparo porque la controversia no se limita a cuestionar actos administrativos, sino que involucra la presunta vulneración de derechos fundamentales. En su argumentación, el colegiado aludió al deber del Estado de proteger a los consumidores, al principio de interdicción de la arbitrariedad, a la prohibición del abuso del derecho y a la libertad contractual. Los magistrados sostuvieron que corresponde al juez constitucional analizar el fondo de estas alegaciones antes de determinar si existe o no una afectación a dichos derechos. Con este fallo, la Sala declaró infundada la excepción de incompetencia planteada por las entidades demandadas y ordenó que el expediente continúe su trámite en el juzgado de origen. Precisó que será el juez de primera instancia quien deberá resolver los demás medios de defensa presentados por las partes y evaluar la validez de la relación jurídica procesal antes de pronunciarse sobre el fondo del conflicto. La resolución no determina aún si el cobro de la TUUA a los pasajeros en tránsito es legal o ilegal, sino que establece que la demanda cumple los requisitos para ser analizada por la justicia constitucional y que el proceso debe seguir hasta emitirse un pronunciamiento sobre el fondo del caso. Tras la decisión del Poder Judicial, Lima Airport Partners (LAP) precisó que la sala solo ha revocado la decisión de primera instancia por una cuestión estrictamente procesal, al considerar que el juzgado constitucional sí es competente para conocer el caso. "Esta decisión no implica, en ningún punto, un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni valida los argumentos planteados en la demanda", señaló la empresa que administra el aeropuerto. Asimismo, indicó que el proceso de amparo continuará su trámite regular y que será en la siguiente etapa donde se evaluará el fondo del caso, incluyendo diversas excepciones aún pendientes de resolución, como la legitimidad de la parte demandante para cuestionar un contrato de concesión y decisiones de carácter regulatorio. "El planteamiento del amparo presenta inconsistencias, al pretender cuestionar disposiciones contractuales con amplia data y sustento legal", afirmó LAP.

Según sostuvo, la TUUA de transferencia está respaldada tanto por el marco contractual como por el regulatorio, y su implementación responde a disposiciones aprobadas formalmente por las autoridades competentes. El argumento refuerza la posición de quienes defienden la legalidad del cobro en el aeropuerto Jorge Chávez.

Leer artículo completo en rpp.pe →