Entre 2022 y 2025, el Congreso de la República destinó S/2 626 000 a Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) mediante cheques y transferencias, según reveló un reportaje del programa Punto Final. El dinero provino de descuentos aplicados a los salarios de trabajadores militantes de esos partidos que laboran en la planilla del Parlamento. El mecanismo utilizado, detalló el dominical, son los llamados “aportes voluntarios”: recortes directos al sueldo de empleados afiliados a una agrupación política, quienes reciben sus honorarios ya con el descuento realizado.
El reportaje accedió a los registros financieros del Legislativo y precisó que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, recibió S/ 1 333 000; Perú Libre obtuvo S/ 834 000; y APP, S/ 459 000. Ante la consulta del programa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió que ese tipo de recortes no está contemplado en la normativa vigente, ya que la planilla estatal solo puede efectuar descuentos autorizados por ley, cuotas sindicales o mandato judicial.
El abogado laboralista Christian Sánchez también fue consultado en el reportaje y cuestionó el uso del aparato administrativo y contable del Congreso para recaudar esos recursos. Sostuvo que este mecanismo no está previsto en el marco legal vigente. Punto Final señaló que el Parlamento repartió el monto entre las tres agrupaciones políticas mediante cheques y transferencias, mientras que el MEF informó al dominical que esos descuentos no están permitidos por la normativa actual.
“Es un caso preocupante, porque el trabajador ve afectada su remuneración para que ese dinero sea trasladado a un partido político y se usan los mecanismos de la entidad estatal, los recursos públicos, para gestionar transferencias de dinero a partidos políticos sin ninguna cobertura legal”, señaló el abogado. La denuncia revela que el Congreso transfirió más de S/2.6 millones a Fuerza Popular, Perú Libre y APP, provenientes de descuentos aplicados a trabajadores militantes, según el reportaje. Estos montos se habrían canalizado utilizando recursos públicos, lo que —a juicio del letrado— carece de sustento jurídico. La práctica afecta directamente el salario de los empleados, quienes ven reducidos sus ingresos para financiar a organizaciones políticas. El abogado subrayó que la gestión de estas transferencias se realizó a través de los mecanismos de la entidad estatal, lo que agrava la irregularidad al emplear fondos del Estado sin respaldo legal.
En Moquegua, vehículos varados y pasajeros que tienen que caminar se registran por el bloqueo del puente Montalvo, en protesta contra un proyecto de ley que afectaría los límites distritales. La medida de fuerza, que mantiene paralizado el tránsito, es rechazada por los manifestantes.
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