El Poder Judicial condenó a un comandante y a seis suboficiales de la Policía Nacional por el delito de cohecho pasivo propio, tras facilitar el examen que el oficial había elaborado para la especialidad de orden público y seguridad. A cambio de beneficios económicos, los efectivos permitieron que los postulantes obtuvieran el título profesional técnico en ciencias administrativas y policiales de suboficiales PNP en Huancavelica. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica (Segundo Despacho) confirmó la sentencia contra el comandante Jorge Antonio Sánchez Ponce y los otros seis suboficiales el último jueves.

A este nuevo escándalo en la PNP, que ha causado indignación en el comando institucional, se suma la condena contra otros cinco policías y un inspector por intervenir, torturar y causar la muerte de un ciudadano en la provincia limeña de Barranca. En total, doce efectivos han sido sentenciados por corrupción y abuso de autoridad.

La Inspectoría General de la PNP, a cargo del teniente general Augusto Ríos, lidera una estrategia institucional de tolerancia cero a la corrupción. Como parte de esta, se aprobó recientemente la Directiva N.° 180-2026-CG PNP/IG, que implementa un Equipo Especial Anticorrupción para intervenir directamente en faltas disciplinarias y delitos graves dentro de la institución.

Comandante cometió un delito en la escuela superior pnp de Huancavelica. Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2020, cuando el entonces comandante PNP Jorge Sánchez, en su calidad de director de la Escuela Superior Técnico Policial de Huancavelica y miembro del Comité del Proceso de Evaluación del Examen, habría solicitado directamente a la suboficial PNP Gabriela Salazar Aylas, e indirectamente a otros subalternos, un beneficio económico a cambio de entregarles el examen que él mismo había elaborado para la especialidad de orden público y seguridad. Dicha prueba, destinada a obtener el título profesional técnico en ciencias administrativas y policiales de suboficiales PNP, se realizó al día siguiente, el 3 de octubre de 2020. La investigación logró obtener los reportes bancarios que confirmaron los depósitos realizados por seis suboficiales para acceder al beneficio ilícito. Durante la intervención al inicio del caso, también se halló en poder de la facilitadora el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita. Los seis suboficiales que pagaron para obtener el material y asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta recibieron cuatro años de prisión suspendida. Se trata de Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares. La pena contra el exjefe policial, el comandante Jorge Sánchez, es de cinco años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta. Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cualquier cargo público. Los siete condenados deberán pagar en conjunto una reparación civil de S/40.000 a favor del Estado peruano.

En otro caso, el Poder Judicial condenó a cinco efectivos policiales y a un civil por la muerte de Adolfo Suárez Valerio (40), ocurrida tras una intervención en Barranca hace más de un año. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Huaura, a cargo de la investigación, determinó que durante el operativo se empleó fuerza excesiva y se cometieron otras irregularidades. Las sentencias, dictadas en adelanto de fallo, impusieron 20 años de prisión para Alan Rentería y el suboficial Rogero Salas; 13 años de cárcel para Guillermo Huamán, Marlón Huamán y Gelvan Hinojosa; y 8 meses de pena para Joel García por omisión funcional. Las pruebas incluyeron imágenes de cámaras de seguridad, testimonios presenciales y otros elementos que confirmaron la brutalidad policial.

En la primera línea de investigación, el fiscal adjunto provincial Christian Huamán Ramos acreditó que el exdirector Sánchez filtró el banco de preguntas resuelto de un examen de suficiencia profesional a cambio de pagos ilícitos. A través de una intermediaria, exigió S/100 para entregar "las fijas" de la prueba mediante grupos de WhatsApp. Los suboficiales pagaron por obtener el material y así asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta.

La fiscalía presentó pruebas contundentes, como informes de análisis digital forense que recuperaron mensajes de audio donde se mencionaba que el exdirector requería un monto económico por el apoyo en la evaluación. También se exhibieron reportes bancarios que confirmaron los depósitos de los suboficiales y el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, hallado en poder de la facilitadora durante la intervención inicial.

larepublica.pe La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, liderada por la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez, asumió la investigación por el delito de homicidio en agravio de un menor de 17 años que permanecía detenido en la Comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac. La decisión fue dispuesta el último jueves por la Fiscalía Superior de Lima Sur. En tanto, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) derivará el caso y los avances de sus diligencias, tras determinarse que los hechos ocurrieron en circunstancias que corresponden a un subsistema especializado, al involucrar una muerte en custodia por agentes del Estado. Todos los sentenciados deberán asumir de manera solidaria el pago de S/136.000 por concepto de reparación civil. Según la necropsia, la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión externa del cuello, resultado considerado dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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