Moquegua: gobernadora anuncia paro indefinido desde el 30 de junio por proyecto de ley que modifica límites con Tacna

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, confirmó que desde las 00:00 horas del martes 30 de junio se acatará un paro indefinido en toda la región. La medida de protesta, anunciada por la sociedad civil, responde al rechazo del proyecto de ley N.° 11658, aprobado por el Congreso de la República, que modificaría los límites territoriales entre Moquegua y Tacna. “El martes desde las 00:00 horas la sociedad civil ha comunicado por los medios de comunicación que van a radicalizar la medida de protesta en toda la región Moquegua en un paro indefinido”, señaló la autoridad en Ampliación de Noticias. Gutiérrez advirtió que detrás de la iniciativa legislativa existiría un interés económico vinculado al futuro canon minero por la eventual ampliación de la empresa Southern Perú. “Sin lugar a duda, nosotros estamos seguros y convencidos que tras este proyecto de ley no solo hay un interés de ganarle territorio de una región a otra, aquí hay un interés netamente del canon futuro de lo que va a ser la ampliación de la empresa Southern Perú. Aquí ya hace años se habla de que la minera Toquepala viene tocando territorios moqueguanos”, sostuvo. La gobernadora hizo un llamado al presidente de la República, José María Balcázar, para que observe la norma y esta regrese al Parlamento. En esa misma línea, propuso la conformación de un equipo de trabajo con representantes de ambas regiones para definir sus límites territoriales. La autoridad regional advirtió que la promulgación de la ley podría desencadenar un nuevo conflicto social en el sur del país. La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, aseguró que la región podría vivir un nuevo ‘Moqueguazo’ ante el paro indefinido convocado para el próximo martes. “Yo estoy segura que sí. La gente, nuestra gente de Moquegua, no va a ceder un solo centímetro, y las autoridades hoy tenemos como prioridad esta agenda. Estamos defendiendo no solo nuestro territorio, estamos defendiendo también la integridad territorial, estamos defendiendo lo que le corresponde, los recursos naturales de los moqueguanos”, sostuvo. Gutiérrez señaló que la solución al conflicto con Tacna está en manos del presidente de la República. “Nosotros creemos que, para tranquilidad de las dos regiones, la solución está, primero, en observar la ley; segundo, inmediatamente llamarnos a la conformación de un grupo de trabajo para delimitar los límites entre Moquegua y Tacna”, afirmó. La autoridad anunció que el martes a las 8:00 a.m. acudirá junto con los alcaldes de Moquegua al Congreso para reunirse con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. “Ojalá el presidente Fernando Rospigliosi pueda recibir y escuchar a las autoridades de Moquegua. Vamos con la finalidad de pedirle celeridad en la remisión de este proyecto de ley aprobado para que el presidente de la República pueda revisarlo. Nosotros creemos que el presidente de la República tiene la oportunidad de no dejar un conflicto social mayor en el sur del país”, indicó.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, advirtió que, si el Poder Ejecutivo promulga la norma, se desatará un conflicto social que “va a escalar en el sur del país”. En ese sentido, sostuvo que, en el actual contexto de transición y cambio de Gobierno, lo que debería primar para el presidente y la nueva administración es “la tranquilidad, la gobernabilidad y la paz social en el sur del país”. “Si vamos a insistir con que este proyecto de ley sea aprobado, como ya lo lograron, sea en este caso ya firmado por el presidente y publicado, esto lo que va a generar, sin lugar a duda, es un conflicto social que va a escalar en el sur del país”, aseguró.

Por otro lado, un informe de RPP Economía elaborado en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que la puesta en marcha de proyectos mineros demanda 41 años en promedio, desde la exploración hasta el inicio de producción, superando el estándar mundial de 28 años. El documento destaca casos de mayor demora: el yacimiento Ferrobamba, de la mina Las Bambas en Apurímac, tardó 105 años en entrar en operación; Quellaveco, en Moquegua, demoró más de 80 años; y Antamina, en Áncash, esperó 76 años. El economista Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señaló que es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de los permisos para que no se excedan los plazos y recomendó procesos automáticos con fiscalización posterior.

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