La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas del país. A puertas de un año electoral, es pertinente hacer un diagnóstico y explorar alternativas de solución, por lo que es necesario que este tema sea parte de la agenda de los candidatos.
Según el INEI, en 2024 el 71% de trabajadores eran informales, cifra prácticamente igual a la registrada en 2023 (71.1%). Esto significa que más de 12 millones de peruanos laboran sin acceso a derechos laborales ni seguridad social. La magnitud de la informalidad impone serias limitaciones al crecimiento económico, la recaudación tributaria, la productividad y la calidad del empleo, entre otros aspectos. La pandemia profundizó la tendencia a la informalidad, afectando especialmente a poblaciones vulnerables: adultos mayores, mujeres, personas con menor nivel educativo y población rural.
De acuerdo con el MTPE, al 2025 existen 4.22 millones de trabajadores formales en el sector privado y 1,56 millones en el sector público. El 56% del empleo formal se ubica en Lima, al igual que el 80% de las empresas formales. Excluyendo a la capital, apenas cuatro regiones concentran el 45% del empleo formal restante: Arequipa (18.5%), La Libertad (13.2%), Lambayeque (7.9%) y Piura (7.4%).
La OIT divide a la informalidad en tres categorías (clasificación que sigue el MTPE): personas que trabajan en empleo informal, personas que trabajan informalmente para empresas formales y personas que trabajan informalmente en los hogares. Algunas de las actividades económicas donde hay más informalidad son la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, que el INEI agrupa en un solo sector que presenta una informalidad de 93.2%. Esta en el rubro de los restaurantes y hoteles llega a 80.9%.
En América Latina, la tasa promedio de informalidad es del 50%. Chile (27.5%), Uruguay (28.5%) y Brasil (36.5%) son los países con los índices más bajos de la región. El Perú, en cambio, es el segundo país más informal de América del Sur, solo superado por Bolivia, que registra un 83.9%. Esta realidad golpea con especial fuerza a los trabajadores del hogar, donde la informalidad alcanza el 94.4%. Esto se debe, en gran parte, a que los procedimientos administrativos para formalizarlos son burocráticos y difíciles de entender para empleadores que no están familiarizados con el sistema.
Las naciones que mejor han enfrentado este problema se han centrado en reducir el costo de la formalidad, ofrecer incentivos económicos, simplificar trámites, vincular programas sociales a la formalización y garantizar una seguridad social efectiva. ¿Qué se puede hacer en el Perú? Una primera medida sería reducir los costos laborales sin perjudicar los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, se podrían disminuir las cotizaciones de seguridad social para quienes perciben bajos ingresos, evitando que EsSalud (9%) funcione como un “impuesto a la formalidad”.
El economista Hugo Ñopo recomienda eliminar los “saltos” por tamaño de empresa, ya que desincentivan el crecimiento empresarial, generan pseudo-microempresas, fomentan la evasión e inducen a la desnaturalización de las relaciones laborales. Además, se requiere una reforma del sistema de salud que elimine la duplicidad y las desigualdades entre los beneficiarios de EsSalud y el SIS, y que corrija los problemas de gestión de las prestaciones económicas, entre otros aspectos.
El próximo Gobierno, que asumirá tras las elecciones de abril de 2026, enfrenta el reto ineludible de reducir la informalidad laboral, un desafío que requiere una estrategia de Estado más allá de la intención de los empleadores. Para ello, se podrían evaluar subsidios focalizados como los implementados en Colombia, donde la informalidad cayó 4% entre 2019 y 2023 pese a la pandemia. Allí, los subsidios a la contratación formal, vigentes hasta 2026, cubren el 30% de la remuneración mínima para jóvenes, el 20% para mujeres y el 10% para hombres.
En Chile, en tanto, se optó por bonos estratégicos asumidos por el Estado, no por los empleadores. Entre ellos figuran el bono por formalización del trabajo (aproximadamente S/ 1.000) para quienes inician su vida laboral en el sector formal, y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) para empleadores que contratan mujeres. Otra vía posible es reducir las cargas regulatorias, tributarias y administrativas para micro y pequeñas empresas. Brasil, por ejemplo, implementó el Programa Microemprendedor Individual (MEI), que facilita la formalización de microempresas con costos mínimos.
Se espera que los candidatos presidenciales presenten propuestas concretas para erradicar o al menos reducir significativamente la informalidad, un problema que exige compromiso y una acción coordinada desde el Estado.
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