El Poder Judicial impuso una condena de cinco años de prisión suspendida al excomandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jorge Sánchez por filtrar el banco de preguntas resuelto de un examen de suficiencia profesional a cambio de pagos ilícitos. El delito que se le imputó fue cohecho pasivo propio.

Según la investigación fiscal, el uniformado exigió, a través de una intermediaria, S/100 a cambio de entregar las interrogantes 'fijas’ de la prueba mediante grupos de WhatsApp. Esto ocurrió en octubre del 2020, cuando Sánchez se desempeñaba como director de la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional (ESSTP) PNP de Huancavelica.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica (Segundo Despacho) presentó durante el proceso informes de análisis digital forense que recuperaron mensajes de audio. En esas grabaciones se mencionaba explícitamente que el exdirector requería un monto económico por el apoyo en la evaluación.

Imagen referencial sobre el pago de S/100 para facilitar preguntas de examen policial

La Fiscalía comprobó que el monto fue solicitado a través de una intermediaria por el exdirector de la ESSTP PNP de Huancavelica. El banco de preguntas filtrado correspondía a un examen de suficiencia profesional, y el dinero exigido era la condición para acceder a las respuestas.

La investigación, a cargo del fiscal adjunto provincial Christian Henry, logró obtener los reportes bancarios que confirmaron los depósitos realizados por seis suboficiales para acceder al beneficio ilícito. También se halló en poder de la facilitadora el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, durante la intervención al inicio del caso. Los seis suboficiales que pagaron para obtener el material y asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta recibieron cuatro años de prisión suspendida. Se trata de Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares. La pena contra el exjefe policial es de cinco años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta. Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cualquier cargo público. Los siete condenados deberán pagar en conjunto una reparación civil de S/40.000 a favor del Estado peruano.

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