La Marcha del Orgullo volvió a llenar las calles de Lima con miles de personas, pero la jornada no fue solo una fiesta: fue también una protesta y una exigencia de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Colectivos señalaron que, pese a algunos avances normativos, el escenario político mantiene pendientes estructurales en reconocimiento, protección y acceso a derechos básicos.

Las cifras respaldan la preocupación. Según informes de Promsex y el Observatorio de Derechos Humanos TLGBI, en 2025 se registraron 54 asesinatos y 171 vulneraciones de derechos vinculados a la orientación sexual e identidad de género. Activistas claman por protección y reconocimiento legal, mientras advierten que, junto con algunos progresos, se ha consolidado un clima político de creciente tensión en torno a la diversidad sexual y de género, especialmente en el ámbito legislativo.

Marcha del Orgullo en Lima: Protesta y exigencia de derechos para la comunidad LGBTIQ+

Escenario de tensión política

Uno de los puntos más discutidos recientemente es la aprobación de la Ley N.° 32671, que declara junio como el Mes de la Vida y la Familia. La norma fue impulsada por la congresista y virtual senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, y contó con el apoyo de bancadas conservadoras del Congreso, siendo aprobada en el Pleno con amplia mayoría. Para los activistas, esta ley es un reflejo del clima político adverso que enfrentan los derechos de la diversidad sexual y de género en el Perú.

Para la activista Lesly Quispe, de la organización Féminas, el escenario político actual no solo frena avances normativos, sino que moldea los imaginarios sociales sobre la diversidad. “Se está tratando de invisibilizar todo lo relacionado con el género, y eso afecta directamente a la comunidad LGBTIQ+, especialmente a las personas trans”, advirtió. Según su análisis, reducir los contenidos sobre diversidad en espacios educativos y públicos podría tener consecuencias duraderas en las nuevas generaciones.

En paralelo, María Fernanda Rey, activista del colectivo organizador de la Marcha del Orgullo, considera que el contexto refleja una falta de reconocimiento institucional sostenida. “Este Congreso nos ha dejado jurídicamente huérfanos. No tenemos ninguna ley que nos reconozca plenamente como ciudadanos”, denunció. Desde su perspectiva, la ausencia de avances en el reconocimiento de las familias diversas y en la protección jurídica en áreas como salud, herencia y acceso a la justicia es uno de los principales problemas. “Estamos bastante preocupados porque la oleada política es conservadora. Eso nos quita campo para progresar en leyes”, agregó, aludiendo a las trabas para impulsar reformas legislativas en el Congreso.

En ese marco, la Marcha del Orgullo se consolida como un espacio de denuncia. La medida que declaró junio como el “Mes de la Vida y la Familia” fue cuestionada por organizaciones LGBTIQ+, que señalan que ya existen fechas oficiales para la familia —como el Día de la Familia Peruana en septiembre y el Día Internacional de las Familias en mayo, promovido por la ONU— y que su aprobación en junio carga un simbolismo en disputa con el Mes del Orgullo.

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Ambas activistas coinciden en que las personas trans continúan siendo las más vulnerables dentro de la comunidad LGBTIQ+, pues enfrentan mayores niveles de violencia, exclusión y barreras en el acceso a servicios básicos. La violencia, según advierten, no solo es física, sino también institucional y simbólica. A la falta de una ley de identidad de género se suma la ausencia de reconocimiento legal de familias homoparentales, lo que genera desprotección en casos como el acceso a documentos de identidad, decisiones médicas o derechos de filiación.

En paralelo, cifras de organizaciones como Promsex y el Observatorio de Derechos Humanos TLGBI reportaron que en 2025 se registraron 54 asesinatos y 171 vulneraciones de derechos contra personas LGBTIQ+ en el país, lo que da cuenta de la persistencia de la violencia estructural. Especialistas señalan que la falta de una tipificación específica de crímenes de odio en el sistema penal peruano limita la respuesta del Estado frente a hechos motivados por prejuicio. El Congreso mantiene una dinámica desigual en el tratamiento de iniciativas vinculadas a estos derechos: mientras algunos proyectos avanzan con rapidez, otros permanecen relegados. El Proyecto de Ley N.° 8294/2023-CR, presentado por la congresista Susel Paredes, plantea incorporar los crímenes de odio en el Código Penal, incluyendo agravantes por orientación sexual, identidad y expresión de género; sin embargo, la iniciativa permanece estancada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin debate sustantivo.

Las organizaciones insisten en que la Marcha del Orgullo, más allá de su carácter conmemorativo histórico, es también una manifestación política. “No es una fiesta, es una protesta por derechos. Somos ciudadanos, pagamos impuestos y también exigimos igualdad”, sostiene Quispe. En esa línea, el mensaje del Pride 2026 se articula en torno a la visibilidad de las familias LGBTIQ+ y la resistencia frente a lo que consideran retrocesos en materia de derechos. “Seguimos existiendo y seguiremos existiendo”, resume Rey.

Pese a ello, encuestas recientes revelan que una amplia mayoría de peruanos respalda el trato igualitario ante la ley para personas LGBTIQ+ y rechaza los discursos de odio, lo que evidencia una brecha entre la opinión pública y la acción institucional. En ese contraste se resume el escenario actual: una marcha masiva que reafirma la visibilidad en el espacio público, pero que al mismo tiempo expone la distancia entre el reconocimiento social y la protección efectiva desde el Estado.

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