Con 89 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones, el pleno del Congreso aprobó el martes el dictamen que modifica la Ley 32387, con el objetivo de promover la descentralización fiscal y fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). La representación nacional también exoneró la propuesta de la segunda votación por mayoría. La iniciativa busca precisar el alcance de la norma respecto a los procedimientos de creación de municipios de centros poblados que aún están en trámite.

La Ley 32387, aprobada hace aproximadamente nueve meses, estableció una moratoria de cinco años para la creación de municipalidades de centros poblados, con el fin de ordenar el crecimiento sostenido de los órganos delegados y evitar una proliferación desarticulada. El dictamen aprobado ahora plantea añadir un segundo párrafo a la tercera Disposición Complementaria Final de dicha ley, la cual fija esa moratoria.

“#PlenoDelCongreso aprobó el dictamen que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Quedó exonerado de segunda votación”, informó el Congreso en su cuenta oficial de X.

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, sustentó el dictamen señalando que la iniciativa busca precisar el alcance respecto a los procedimientos de creación de municipios de centros poblados que están en trámite, como consecuencia de lo establecido en la disposición complementaria que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Foncomun. El texto incorporado indica que “esta disposición no alcanza a los procedimientos de creación de municipios de centros poblados que, a la entrada en vigor de la presente ley, ya hubiesen cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los que continúan con el trámite correspondiente conforme a ley”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra, sustentó el dictamen de ese grupo de trabajo y ratificó los beneficios de la moratoria; no obstante, advirtió que “es necesario aceptar que la norma no contempló la situación de aquellos expedientes que ya se encontraban en trámite y habían cumplido con todos los requisitos de ley para crear un centro poblado”, los cuales, pese a ello, quedaron paralizados.

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