“Sentimos miedo de subir a los carros, miedo de que nos pueda pasar algo”; “No sabemos si vamos a volver a casa”; “Hay que trabajar con fe nomás”. Esas frases, que se repiten a diario entre conductores y pasajeros del transporte público, reflejan una realidad que no se detiene: entre enero y mayo de 2026 se registraron 131 homicidios y homicidios fallidos contra transportistas en todo el país, un promedio de 26 ataques cada mes, según el sexto reporte del Observatorio de Crimen y Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora.
El exministro del Interior Carlos Basombrío, quien participó en la presentación del informe, detalló que de esos 131 casos, el 75 % se concentró en Lima y el Callao: 83 en la capital y 16 en la provincia constitucional. “En Lima se registran 83 casos y en el Callao 16, entre homicidios y homicidios fallidos. En el caso de provincias, Lima claramente sigue siendo la más afectada”, señaló. Las otras regiones con mayor incidencia son Piura, La Libertad e Ica.
Dentro de Lima, el distrito de Comas encabeza la lista con 13 ataques, seguido de San Juan de Lurigancho con 11. Fuera de la capital, el distrito de Sullana, en Piura, reporta siete casos. El estudio también revela que la mayoría de los hechos ocurrieron durante la noche, en avenidas, paraderos y zonas altamente transitadas, lo que evidencia que la violencia se ha instalado en espacios cotidianos de la movilidad urbana.
Mientras la atención pública ha estado centrada en el proceso electoral de 2026, la violencia contra los transportistas siguió escalando. Especialistas advierten un incremento de la criminalidad en el sector, mientras los conductores denuncian que continúan trabajando sin garantías de seguridad. “Hay que trabajar con fe nomás”, es una de las frases que resume el clima de incertidumbre que viven a diario quienes están al volante.
El exministro Basombrío señaló que la situación continúa agravándose con el paso de los meses. "Lamentablemente está empeorando. Las cifras son inocultables", declaró. Según un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, en el 2025 fueron asesinados 239 transportistas en todo el país, un promedio cercano a 20 por mes. A inicios de junio, la Policía Nacional del Perú confirmó que 64 choferes de transporte público habían sido asesinados por bandas de extorsionadores y sicarios en lo que va del año.
Ricardo Valdés, coautor del reporte y especialista en temas de seguridad, detalló que entre las empresas de transporte público víctimas de ataques letales hasta abril de 2026 figuran Los Rojitos, con ocho fallecidos; EMPTONSA, con cuatro; ETMOSA, con tres; y Sur Express, Línea B, La Unidad de Villa, Transportes Toro y Los Moraditos, con dos víctimas cada una.
Basombrío indicó que los transportistas han perdido la esperanza y que ya no consideran los paros como una herramienta efectiva para exigir seguridad. "Los transportistas se han dado cuenta de que los paros no sirven para nada, porque finalmente pierden dinero, los pasajeros se afectan y no se soluciona nada", señaló. Algunos han optado por abandonar el rubro del transporte o migrar al extranjero, según informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte. "Están dejando el trabajo por el temor y la presión familiar. Es como una ruleta rusa: en cualquier momento les toca. Además, hay una migración fuerte hacia España. Son más de 3 mil conductores los que han abandonado el país", mencionó.
¿Y qué pasó con las medidas anunciadas desde el Gobierno para combatir la inseguridad en el transporte público? Basombrío señaló que la promesa de instalar cámaras de seguridad quedó solo en palabras. "Les ofrecieron cámaras para los buses, que sí son útiles. Hace ocho meses, cuando todavía estaba la señora Boluarte, se cayó la licitación. No puede ser: no hay una sola cámara en los 26 mil vehículos que ofrecieron", aseguró.
Ojeda señaló que los policías asignados a resguardar los buses tampoco se dieron abasto. "No se dan abasto. No se ha cumplido con la logística ni con el presupuesto que necesitaban las Depincri. Estamos peor que antes", acotó. A esto se suma que, según los especialistas, la distribución territorial de los ataques revela que la violencia sigue los principales corredores metropolitanos de movilidad que articulan Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.
Para enfrentar esta problemática, Valdés, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, propuso aplicar medidas a corto plazo. "Eliminando cosas tan sencillas como prohibir que las motos circulen de noche, redistribuyendo la logística del personal, es decir, que haya más policías en los lugares donde existe mayor criminalidad, e iniciar un proceso de alquiler de patrulleros para conseguir un verdadero control territorial", sostuvo.
Mientras no llegue una solución efectiva, miles de transportistas continúan recorriendo las calles bajo constantes amenazas. Cada jornada de trabajo sigue acompañada por la incertidumbre de no saber si volverán a casa. Es tarea del próximo gobierno liderar las respuestas del Estado para que conductores y pasajeros dejen de abordar un vehículo de transporte público con miedo a ser víctimas de un nuevo ataque armado.
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