Perú supera los 959 homicidios en el primer semestre de 2026, pero la cifra real sería mayor

Hasta el 15 de junio de este año, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reportó 959 homicidios a nivel nacional en el Perú. Sin embargo, para el analista de datos Juan Carbajal, esa cantidad sería aún mayor, superando el millar, debido a que existen alrededor de 130 registros de muertes violentas por proyectil de arma de fuego clasificadas como ‘ignoradas’. De sincerarse o actualizarse esos casos, la cifra de asesinatos se incrementaría. Carbajal también sostiene que no hay una reducción de las extorsiones, como afirman la PNP y el Ministerio del Interior. El martes 9 de junio fue un día fatal: se registraron 12 homicidios, la segunda cifra más alta del año 2026. Dos días después, el sábado 13 de junio, un adolescente fue hallado muerto en la comisaría de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac, tras permanecer detenido. Según el Instituto de Medicina Legal, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento. Luego, el lunes 15 de junio, Alfredo Rengifo Ramos fue asesinado a balazos durante un campeonato deportivo en la urbanización El Trapecio, en Chimbote, Áncash.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró hace unos días que los homicidios han disminuido a nivel nacional, con caídas que oscilan entre el 8% y el 21,77% en comparación con el año anterior. Sin embargo, los números, aún preliminares, sobre la denominada violencia altamente lesiva en distintas ciudades del país, principalmente en Lima Metropolitana, ofrecen para 2026 una suerte de sube y baja. Estos datos conservan su carácter preliminar por varias razones, entre ellas que las investigaciones de muchos casos siguen abiertas, no solo en busca de los homicidas, sino también para determinar los móviles y otras circunstancias.

Los medios utilizados para matar también ofrecen datos sobre los tipos de violencia que se ejercen. Mientras no hubo cambios en la cantidad de hechos con armas blancas, se redujeron los casos de personas asesinadas con armas de fuego, por golpes o por asfixia. Otro aspecto que puede dar cuenta de la violencia que se ejerce en las calles limeñas tiene que ver con la cantidad de hechos en los que matan a más de una persona. En líneas generales, en los últimos años solía tratarse de balaceras perpetradas como “mensajes” en el marco de conflictos territoriales entre grupos criminales antagónicos.

NO BAJAN LAS EXTORSIONES

Ese tipo de violencia, usualmente asociado a las economías delictivas, también tiene otros motivos, como la extorsión, “un delito que no está disminuyendo, tal como lo ha venido informando la PNP y el Ministerio del Interior”, advierte Juan Carbajal.

El especialista Carbajal sostiene que persiste un desfase en los registros de denuncias por extorsión. Según los datos oficiales del Ministerio Público, en los primeros cinco meses del año 2026 se reportaron más de 10.000 denuncias, con una tendencia creciente, y mayo fue el mes con mayor cantidad. Sin embargo, la PNP y el Mininter han reportado cifras mucho menores mes a mes, lo que deja al descubierto una diferencia de más de 2.700 denuncias no registradas frente al Ministerio Público en lo que va del año.

De acuerdo con la PNP, las denuncias por extorsión han registrado una reducción significativa durante el primer semestre de 2026, con disminuciones que varían entre el 28% y el 47% en comparación con el mismo periodo del año anterior, dependiendo de la región. Estas diferencias son notables, saltan a la vista y, según Carbajal, conllevan una tendencia de disminución errónea por parte de la PNP y el Mininter.

El especialista explica que este desfase de registros, sumado a la alta tasa de ‘cifra negra’ (delitos no denunciados), tiene implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la extorsión.

CORRUPCIÓN POLICIAL

Otro hecho que menoscaba la confianza en la Policía es la corrupción por parte de algunos malos efectivos. Hace una semana, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra nueve agentes de la comisaría PNP Vitarte, incluido el comisario de dicha dependencia, por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio, debido a que habrían exigido pagos indebidos a conductores en la carretera Central para evitar imponerles papeletas de tránsito.

El comando de la PNP subrayó que “la confianza de la ciudadanía se construye con hechos, no con discursos”. En un comunicado, señalaron que los agentes que han incurrido en faltas fueron sometidos a una suspensión temporal del servicio, conforme a la normativa disciplinaria vigente, y advirtieron que “ninguna conducta que vulnere los principios de integridad, honor y vocación de servicio será tolerada, venga de quien venga”. La institución aseguró que no protege intereses particulares ni ampara a quienes hayan cruzado la línea de la legalidad; por el contrario, brinda todas las facilidades para el esclarecimiento de los hechos y mantiene una colaboración permanente con las autoridades competentes para que las investigaciones avancen con total transparencia. Cada medida adoptada responde a una política institucional clara: tolerancia cero frente a la corrupción y actuación inmediata ante cualquier indicio de inconducta funcional. Finalmente, destacaron que miles de hombres y mujeres policías sirven diariamente con honor y sacrificio al país, y que para proteger ese esfuerzo legítimo y preservar la credibilidad de la institución actúan con determinación frente a quienes traicionan el uniforme, la confianza ciudadana y los valores que juraron defender.

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