Eurocámara aprueba reglamento que permite crear centros de devolución de migrantes en terceros países

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó el último miércoles el texto legal del Reglamento de Retornos, una normativa que habilita la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y agiliza las deportaciones. España se opuso desde su concepción a este texto, que ahora deberá ser implementado por los Estados miembros. El reglamento contempla que las personas de fuera de la Unión Europea que no estén en situación regular deben abandonar el territorio comunitario de forma inmediata o en un plazo determinado, aunque “respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional”, según explicó el Parlamento Europeo en un comunicado. Entre esos derechos se incluyen el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas. En la actualidad, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian conjuntamente con terceros países —que no han trascendido— para poner en marcha estos centros de retorno, reporta la agencia EFE. Tras la votación, los grupos políticos de la derecha celebraron con aplausos y gritaron en coro “Send them back!” (envíenlos de vuelta, en inglés), mientras que los eurodiputados que no estaban de acuerdo con la normativa corearon “Shame on you” (dan vergüenza, en inglés). El texto aprobado también establece que los ciudadanos que hayan recibido una orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. En los casos en los que no se coopere, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo para la seguridad, se contemplan detenciones que deben ser ordenadas por autoridades judiciales o administrativas. Estas detenciones pueden alargarse hasta 24 meses, con la posibilidad de prorrogarse otros seis, sumando un máximo de 30 meses.

En el caso de que este ciudadano se traslade a otro Estado miembro, el período comenzaría a aplicarse de nuevo. Las nuevas normas también contemplan "acciones de investigación específicas para preparar o garantizar un retorno efectivo", que incluyen registros de personas, viviendas o locales con previa autorización judicial, así como la incautación de efectos personales y dispositivos electrónicos.

El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento donde cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas medidas, entre ellas las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.

Según las nuevas reglas, será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno —excepto a menores no acompañados— a los denominados "centros de retorno" ubicados en el territorio de un país que acepte acogerlos, en virtud de un acuerdo que los Estados miembros deberán negociar por separado. Actualmente, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian conjuntamente con terceros países —que no han trascendido— para poner en marcha estos centros. Antes de activarlos, las autoridades nacionales deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros.

The European Parliament approved changes to EU policy on the return of third-country nationals staying illegally in the EU.

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— European Parliament (@Europarl_EN) June 17, 2026

"Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen. Por eso mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar con ellas", declaró el eurodiputado neerlandés Malik Amazani (Renew), responsable de la tramitación parlamentaria del texto.

El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo y luego se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de su entrada en vigor. Algunas disposiciones, como las relativas a los centros de retorno, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos, se aplicarán de inmediato. Otras que requieren medidas preparatorias entrarán en vigor 12 meses después de la publicación de la legislación. Entre las reacciones, el eurodiputado popular Tomas Tobé afirmó que "Europa debe tener la capacidad de decidir quién entra, quién se queda y quién debe regresar". Sostuvo que la votación "devuelve la credibilidad a nuestra política migratoria y vuelve a situar la aplicación de la ley en el centro de la misma". En contraste, el socialista Juan Fernando López Aguilar consideró que la nueva norma "socava derechos fundamentales reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y se aleja de los compromisos asumidos en el Pacto sobre Migración y Asilo". Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé destacó que el Reglamento "garantiza la cooperación con terceros países, la lucha contra esa inmigración ilegal, el establecimiento de un procedimiento común de retorno a toda Europa y una cuestión fundamental para luchar contra el fraude de las mafias y de la inmigración ilegal".

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