La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó la nueva modalidad denominada Servicios por Impuestos, que amplía el alcance del mecanismo de Obras por Impuestos. Ahora, las empresas privadas no solo podrán financiar infraestructura, sino también ejecutar servicios públicos prioritarios en sectores como salud, educación y saneamiento, con el objetivo de acelerar la atención de necesidades urgentes en distintas regiones del país. Uno de los principales cambios es que las compañías podrán recuperar sus inversiones no solo mediante el pago del Impuesto a la Renta, sino también utilizando el Impuesto General a las Ventas (IGV) y otros tributos administrados por el Estado. La medida busca ampliar la participación empresarial en el financiamiento de intervenciones priorizadas por entidades públicas. De esta forma, las empresas que participen en el programa podrán recuperar lo invertido a través del pago de sus obligaciones tributarias, lo que representa un incentivo adicional para involucrarse en proyectos de impacto social. ProInversión detalló que esta nueva herramienta permitirá canalizar recursos privados hacia servicios que el Estado requiere atender con mayor celeridad, especialmente en zonas donde la brecha de cobertura es más crítica.

Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, detalló en entrevista con RPP que el mecanismo de Servicios por Impuestos mantiene la lógica de Obras por Impuestos. En ese esquema, una empresa financia y ejecuta una intervención priorizada por una entidad pública y luego recupera la inversión mediante el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o el Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN), que pueden aplicarse al pago de tributos. "El mecanismo sigue evolucionando. Ahora hemos incorporado servicios para el sector salud, educación, vivienda y saneamiento, especialmente en zonas rurales donde más se necesita", señaló el funcionario.

ProInversión resaltó que el cambio más relevante de esta nueva modalidad es la incorporación del IGV y otros tributos administrados por el Estado como vía para recuperar las inversiones. Según Del Carpio, esta ampliación permitirá que más empresas, sobre todo las medianas, participen en el esquema, ya que la mayoría de ellas cumple con el pago de este impuesto. De esta forma, compañías de distintos tamaños podrán financiar proyectos y servicios públicos utilizando sus obligaciones tributarias, fortaleciendo la colaboración con el Estado para impulsar el desarrollo del país, especialmente en zonas rurales donde existen mayores necesidades.

La primera cartera de servicios presentada por ProInversión incluye intervenciones priorizadas por los ministerios de Salud, Educación y Vivienda. En el sector Salud se identificaron 14 oportunidades enfocadas en la prevención y tratamiento de la anemia y la malnutrición, la lucha contra el dengue y otras arbovirosis, la atención oncológica, la salud materno-neonatal y la salud digital. Entre las acciones previstas figuran servicios de nebulización contra el dengue, campañas de detección temprana de cáncer y programas para ampliar la cobertura de prevención y tratamiento de la anemia. En Educación se priorizarán acciones para mejorar la seguridad y las condiciones de aprendizaje en zonas vulnerables. Esto incluye la demolición parcial de estructuras en riesgo, la instalación de sistemas provisionales para garantizar la continuidad de clases, el mejoramiento del servicio eléctrico y el acondicionamiento térmico en áreas afectadas por friaje y heladas. Por su parte, el Ministerio de Vivienda planteó servicios para garantizar acceso temporal a agua segura mediante diagnósticos integrales de agua y saneamiento, así como el abastecimiento de agua potable con camiones cisterna u otras modalidades mientras se ejecutan soluciones permanentes.

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