Empresas ahora pueden pagar IGV financiando proyectos de salud, educación y agua potable: ¿cómo funciona el mecanismo Servicios por Impuestos?

Nueva modalidad amplía el mecanismo de Obras por Impuestos y permitirá ejecutar servicios públicos esenciales en zonas rurales, de frontera y declaradas en emergencia. Además, ya no solo aplica al Impuesto a la Renta sino también al IGV y otros.

Las empresas privadas ya no solo podrán financiar infraestructura mediante Obras por Impuestos. Desde ahora también podrán ejecutar servicios públicos prioritarios en salud, educación y saneamiento a través de la nueva modalidad denominada Servicios por Impuestos, presentada por ProInversión como una herramienta para acelerar la atención de necesidades prioritarias.

"El mecanismo sigue evolucionando. Ahora hemos incorporado servicios para el sector salud, educación, vivienda y saneamiento, especialmente en zonas rurales donde más se necesita", señaló el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, en entrevista a RPP. 

Asimismo, uno de los cambios más importantes es la ampliación de los tributos que podrán utilizar las empresas para recuperar su inversión. Hasta ahora, el mecanismo estaba principalmente vinculado al pago del Impuesto a la Renta, ahora se incorporó el Impuesto General a las Ventas (IGV) y otros administrados por el Estado.

"Hemos ampliado el tipo de impuesto que se puede utilizar para financiar. Antes era principalmente impuesto a la renta, ahora hemos incorporado el IGV. Todas las empresas medianas pagan IGV, pueden utilizar estas obras para pagar su IGV. Estamos apostando a más empresas a nivel nacional, no solamente las grandes que tanto nos han ayudado en este tiempo sino de distintos tamaños que estén interesadas en contribuir con el Estado”, detalló el funcionario.

¿Cómo funcionará Servicios por Impuestos?

El esquema mantiene la lógica de Obras por Impuestos: una empresa financia y ejecuta una intervención priorizada por una entidad pública y luego recupera su inversión mediante el Certificado de Inversión Publica Regional y Local (CIPRL) o del Gobierno Nacional (CIPGN) que pueden aplicarse al pago de sus impuestos. 

Sin embargo, la principal diferencia es que ahora no solo se financiarán proyectos de infraestructura, sino también servicios públicos prioritarios.

ProInversión indicó que las empresas podrán coordinar con gobiernos regionales, municipalidades o entidades del Gobierno Nacional para identificar necesidades y desarrollar intervenciones con acompañamiento técnico de la agencia.

La entidad destacó que esta modalidad no sustituye los proyectos de inversión pública ni financia gastos corrientes permanentes, sino que permite ejecutar acciones temporales y focalizadas mientras se desarrollan soluciones definitivas.

¿Qué servicios podrán financiar las empresas?

La primera cartera presentada por ProInversión incluye intervenciones priorizadas por los ministerios de Salud, Educación y Vivienda.

El Ministerio de Salud identificó 14 oportunidades de inversión social enfocadas en la prevención y tratamiento de la anemia y malnutrición, la lucha contra el dengue y otras arbovirosis, el diagnóstico y atención oncológica, salud materno-neonatal y salud digital.

Entre las intervenciones destacan servicios de nebulización contra el dengue, atención especializada para pacientes febriles, campañas de detección temprana de cáncer y programas para elevar la cobertura de prevención y tratamiento de la anemia.

Además, Del Carpio mencionó que podrán financiarse servicios de traslado de pacientes y atención oncológica en regiones con acceso limitado a servicios especializados.

En el sector educativo se priorizarán acciones para mejorar la seguridad y condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes en zonas vulnerables, como la demolición parcial de estructuras en riesgo de colapso, instalación de sistemas provisionales para garantizar la continuidad de clases, mejoramiento del servicio de energía eléctrica, acondicionamiento térmico en zonas afectadas por friaje y heladas.

Según el Ministerio de Educación, más de 50 mil locales educativos se encuentran en zonas rurales, de frontera o declaradas en emergencia, y solo el 7% ha logrado cerrar la brecha de infraestructura.

El Ministerio de Vivienda también presentó dos servicios prioritarios para garantizar acceso inmediato al agua segura mientras se desarrollan las obras permanentes. Estos son el diagnóstico integral de agua y saneamiento para identificar fuentes, calidad del agua y necesidades de inversión; y el abastecimiento temporal de agua potable mediante camiones cisterna u otras modalidades para poblaciones vulnerables.

La modalidad también permitirá financiar servicios vinculados al ordenamiento territorial. Del Carpio señaló que muchas municipalidades aún carecen de catastro actualizado y planes de desarrollo urbano, por lo que Servicios por Impuestos podrá financiar estos instrumentos clave para mejorar la planificación de las ciudades.

Obras por Impuestos superará meta de ejecución

La creación de Servicios por Impuestos se produce en un contexto de fuerte expansión de Obras por Impuestos. En lo que va de 2026, entre enero y mayo, ya se han comprometido más de S/4.000 millones, por lo que ProInversión prevé cerrar el año por encima del récord de S/5.000 millones alcanzado en todo el 2025. 

El funcionario atribuyó este crecimiento a las mejoras normativas implementadas desde 2022, así como al mayor conocimiento y confianza que han desarrollado empresas y entidades públicas respecto a la modalidad.

"Este año hemos tenido cerca de 100 empresas nuevas participando y unas 80 entidades públicas nuevas utilizando el mecanismo. Eso demuestra la confianza que existe en Obras por Impuestos y ahora también en Servicios por Impuestos", sostuvo.

ProInversión destacó que el potencial de crecimiento del mecanismo es significativo. Ya que actualmente existe una capacidad superior a S/60.000 millones para financiar intervenciones mediante Obras por Impuestos y ahora también Servicios por Impuestos.

Los proyectos priorizados ya se encuentran disponibles para consulta pública y las empresas podrán proponer nuevas iniciativas. 

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