La muerte de un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales E.J.C.B., dentro de la comisaría de Manchay ha desatado una fuerte controversia. El padre del menor, Javier Cubas, rechazó categóricamente la versión oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y denunció presuntos maltratos durante la detención. “Ellos siempre van a presentar descargos a su favor. Eso es completamente mentira. Hubo mucho maltrato de parte de ellos hacia mi hijo”, declaró.
Dos días antes del fatal desenlace, el joven había sido intervenido por el Serenazgo de Pachacámac y luego puesto a disposición de la PNP. La institución policial, mediante un comunicado oficial, informó que el menor fue hallado la noche del 14 de junio “suspendido en un punto de apoyo” dentro de la dependencia. Según la necropsia del Instituto de Medicina Legal, la causa de muerte fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”, compatible con una “decisión autoinfligida”.
Sin embargo, los padres del adolescente rechazan esta conclusión y denuncian graves irregularidades y presuntas negligencias por parte de los efectivos policiales durante el tiempo que el menor permaneció bajo custodia. La versión de la familia apunta a que el joven habría sido víctima de tortura y maltratos, lo que contradice directamente el informe oficial de la PNP.
Comunicado de la PNP sobre el caso.
Tragedia en la dependencia policial de Manchay
El padre del menor fallecido en la carceleta de Manchay sostiene que, aunque su hijo se hubiera quitado la vida, esa decisión fue inducida por el trato recibido. “Si mi hijo tomó esa decisión, fue provocado por ellos, por las torturas y el maltrato que le hicieron”, afirmó. La familia cuestiona que el adolescente, al ser menor de edad, haya estado en una celda con adultos, lo que consideran una grave irregularidad.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el supuesto objeto usado por el menor para atentar contra su vida. Según Javier Cubas, la versión policial sobre un presunto cordón de capucha no coincide con la prenda que llevaba su hijo. “Su polera no tenía cordón de ajuste. Entonces, ¿con qué instrumento se quitó la vida? Eso tienen que explicarlo”, sostuvo.
El testimonio más delicado del padre se refiere a una visita previa a la muerte. Narró que vio a su hijo llorando luego de permanecer cerca de media hora solo con un efectivo policial dentro de la carceleta. “Lo hicieron desvestirse completamente. Yo veía cómo lloraba y en sus ojos me pedía auxilio. Después me dijo: ‘Papá, págales todo lo que te pidan. Sácame de acá porque me van a matar’”, relató. La familia asegura haber visto al adolescente con la ropa rota y rasgada durante esa visita, lo que reforzó sus sospechas de agresiones físicas.
Tras ser acusado por dos ciudadanas de haber ingresado presuntamente a sus viviendas para sustraer pertenencias, el adolescente fue intervenido el 13 de junio luego de ser retenido por personal de Serenazgo de Pachacámac, según detalló la PNP en un comunicado. La institución agregó que el menor registraba denuncias previas por delitos contra el patrimonio y violencia familiar. Esa noche, videos difundidos muestran que se escuchaban gritos desesperados de ambos padres, quienes pedían auxilio para su hijo inconsciente, pero ningún efectivo acudió a su llamado. Recién 30 minutos después, el joven fue trasladado a una posta, donde llegó sin signos vitales.
Javier Cubas reveló que sostuvo una reunión con el titular del Ministerio del Interior y el alto mando de la PNP, quienes se habrían comprometido a investigar el caso y sancionar a los responsables. Por su parte, la Policía informó que la Inspectoría General y un equipo especial de investigación criminal ya intervienen en el caso. Entretanto, la familia insiste en que la investigación no quede solo en manos de la institución policial y exige que el Ministerio Público esclarezca si hubo abuso, negligencia o encubrimiento.
Padre del menor exige que se esclarezcan los hechos
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) ya inició una investigación preliminar por presunto homicidio, mientras que la Defensoría del Pueblo recordó que toda intervención policial con menores debe garantizar protección especial, integridad física y psicológica, así como el respeto al interés superior del niño. El caso ocurre en un contexto en el que el Congreso acaba de aprobar, en primera votación, un proyecto de ley que permitiría que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean vistos únicamente por fueros militares y policiales, lo que limitaría la actuación de la justicia ordinaria y propiciaría la impunidad.
Defensoría del Pueblo acudió hasta dependencia policial.
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