La periodista Manuela Camacho denunció en el programa 'Fuerte y Claro' que el Congreso aprobó de manera interna un bono adicional de dos UIT para todos sus trabajadores, cuyo monto oscila entre S/9.000 y S/11.000, según la nota. La conductora criticó que la medida se adoptó sin transparencia y en medio de prioridades públicas postergadas, y afirmó que forma parte de un patrón de apropiación de recursos públicos.

Camacho señaló que el bono fue dispuesto sin una explicación pública clara y que los acuerdos de mesa directiva no se publican desde mayo. Además, indicó que la medida se habría formalizado mediante un convenio colectivo impulsado por los sindicatos del Parlamento. Según fuentes citadas en el programa, el bono ya fue depositado, pero la información no fue debidamente divulgada.

La periodista vinculó esta decisión con la posibilidad de que la actual gestión parlamentaria "se aproveche hasta la última gota" de los recursos públicos antes de dejar el cargo. Camacho también criticó que no exista documentación pública accesible que justifique el desembolso y denunció que, en paralelo, se observan aprobaciones legislativas aceleradas que favorecen a partidos y actores políticos. Para ella, esto refuerza la idea de un manejo orientado por beneficios partidarios y no por prioridades ciudadanas.

Manuela Camacho

Impacto fiscal y prioridades públicas

Manuela Camacho contrastó el desembolso al personal del Congreso con las restricciones presupuestales que afectan a programas sociales. Mencionó becas, colegios y hospitales como áreas cuyas iniciativas de gasto han sido limitadas, mientras el Parlamento aprueba pagos extraordinarios para su plantilla. Para la presentadora, esa discrepancia demuestra una asignación de recursos con criterios cuestionables. También aludió a prácticas históricas en el Congreso —contratos trimestrales que se renuevan y bonos que coinciden con periodos electorales o de final de gestión— y afirmó que esas rutinas consolidan la percepción de que trabajar en el Parlamento representa una fuente de beneficios económicos por encima del servicio público.

Reclamo de rendición de cuentas

La conductora exigió claridad: pidió que se publiquen los acuerdos de mesa directiva y que se explique la fuente de financiamiento y la motivación para otorgar el bono. Señaló que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan sus impuestos y que los congresistas deben responder por decisiones que afectan el erario. En su cierre, Camacho vinculó el episodio del bono con otras prácticas cuestionadas en la emisión —desde maniobras electorales hasta viajes oficiales con gasto público— y pidió vigilancia ciudadana y periodística para evitar que medidas de este tipo queden sin explicaciones. Concluyó al afirmar que la transparencia y la priorización del gasto público son indispensables para reconstruir la confianza y que la aprobación de bonos extraordinarios sin justificación pública debe ser investigada y fiscalizada.

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