Durante el seminario virtual “Petroperú después de las elecciones: Hoja de ruta para no retroceder”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), especialistas coincidieron en la urgencia de articular un plan que permita a la petrolera estatal superar sus debilidades operativas, financieras e institucionales. El evento contó con la participación de Diego Macera, director del IPE; Anthony Laub, exsecretario general del Ministerio de Energía y Minas (Minem); y Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y socio de GERENS. Ellos analizaron las alternativas para lograr la reorganización de la empresa.

Diego Macera advirtió que Petroperú representa un negocio en situación de pérdida y que los rescates estatales distorsionan la lectura real de su estado: sin ese respaldo, la empresa habría acumulado 13 años consecutivos en negativo. A esto se suma la incapacidad para generar flujos de caja positivos y una creciente deuda financiera que configura un perfil de insolvencia. La deuda se multiplicó diez veces desde 2013, cuando se autorizaron recursos para la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo final (US$6,530 millones) resultó cuatro veces mayor respecto a su estimado original.

El director del IPE, Diego Macera,  
Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec

El IPE presentó lo que considera una hoja de ruta para sostener una reforma integral de la petrolera posterior a la culminación del proceso electoral y de cara al inicio de un nuevo gobierno. Ello —señalan— deberá darse sobre la base de los lineamientos que establece el DU N° 010-2025, el cual habilita el inicio de un proceso de reorganización de Petroperú.

El 8 de enero, cuando ProInversión hizo su anuncio sobre los 55 activos no estratégicos, utilizó esta foto: el edificio de San Isidro de Petroperú. Foto: ProInversión.

La crítica situación financiera de Petroperú fue analizada por el IPE, que señaló que la empresa ha dejado de ser un tema energético para convertirse en uno fiscal. Desde 2013, el Estado destinó S/32,100 millones en apoyos financieros a la petrolera estatal, monto que equivale a más de 296 Colegios de Alto Rendimiento (COAR), cerca de 33 hospitales de alta complejidad o 30 veces el presupuesto anual del Programa Juntos, según el cálculo del instituto.

Daniel Macera, del IPE, advirtió que la inestabilidad institucional de Petroperú es alarmante: entre 2021 y 2026, la empresa tuvo 10 gerentes generales y 13 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas 3 meses. “Sin predictibilidad en la gobernanza, no habrá ningún avance”, subrayó, al evidenciar que las decisiones recientes han estado condicionadas por los cambios políticos. Frente a este panorama, Macera enfatizó que el Decreto de Urgencia N° 010-2025 habilita un primer paso para reorganizar la empresa dadas sus limitaciones, pero se necesita una hoja de ruta integral que aborde las problemáticas operativas, financieras y de gobernanza. “Ello deberá ocurrir en un entorno propicio para impulsar nuevas inversiones en el sector hidrocarburos”, apuntó.

Por su parte, el ex viceministro de Energía Arturo Vásquez cuestionó que la petrolera estatal esté cumpliendo un rol subsidiario “cuando la oferta privada logra abastecer al mercado”. Advirtió que la coyuntura favorable que atraviesa Petroperú por el elevado precio del petróleo es temporal y que, una vez que esta situación cambie, a la empresa se le dificultará atender sus deudas. Para Vásquez, cualquier proceso de reestructuración necesita definir con claridad el rol de la empresa mediante una norma con rango de ley. “Tiene que haber un mandato claro de lo que tiene que hacer y no hacer Petroperú”, afirmó.

Anthony Laub señaló que el fideicomiso creado por el Decreto de Urgencia N° 003-2026 es incompleto, ya que solo opera sobre el monto de las nuevas garantías financieras. “Hubiese sido ideal que el fideicomiso se establezca sobre toda la caja de la empresa”, indicó. El experto también resaltó el gran costo de oportunidad que implicó rescatar a Petroperú, pues esos fondos pudieron haberse destinado a proyectos de agua y saneamiento en regiones con mayores brechas. Si bien reconoció que las medidas recientes aliviaron los problemas inmediatos de liquidez, advirtió que no solucionan los problemas estructurales de gobernanza, eficiencia operativa y capacidad de generar flujos sostenibles a largo plazo. Arturo Vásquez Cordano, ex viceministro de Energía

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