En el seminario virtual “Petroperú después de las elecciones: Hoja de ruta para no retroceder”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), se analizó la situación de la petrolera estatal y las alternativas para lograr su reorganización. El evento contó con la participación de Diego Macera, director del IPE; Anthony Laub, Exsecretario general del Ministerio de Energía y Minas (Minem); y Arturo Vásquez, Exviceministro de Energía y socio de GERENS. Los especialistas coincidieron en la urgencia de articular una hoja de ruta que permita a la empresa abordar sus debilidades operativas, financieras e institucionales.
Diego Macera señaló que Petroperú representa un negocio en situación de pérdida y que los rescates estatales distorsionan la lectura sobre su estado: sin ese respaldo, la empresa habría acumulado 13 años consecutivos en negativo. Junto a la incapacidad para generar flujos de caja positivos, la creciente deuda financiera configura un perfil de insolvencia. Su deuda se multiplicó diez veces desde 2013, cuando se autorizaron recursos para la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo final (US$6,530 millones) resultó cuatro veces mayor respecto a su estimado original.
El IPE presentó lo que considera una hoja de ruta para sostener una reforma integral de la petrolera posterior a la culminación del proceso electoral y de cara al inicio de un nuevo gobierno. Ello -señalan- deberá darse sobre la base de los lineamientos que establece el DU N° 010-2025, el cual habilita el inicio de un proceso de reorganización de Petroperú.
Macera subrayó que la inestabilidad institucional de Petroperú es alarmante: entre 2021 y 2026, la empresa tuvo 10 gerentes generales y 13 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas 3 meses. Esto, según el analista, evidencia que las decisiones recientes han estado condicionadas por cambios políticos. “Sin predictibilidad en la gobernanza, no habrá ningún avance”, advirtió.
En ese contexto, Macera señaló que “Petroperú pasó de ser un tema energético a ser un tema fiscal”. La ausencia de una reforma, dijo, representó un alto costo. El IPE estima que, desde 2013, el Estado dedicó S/32,100 millones en apoyos financieros a la empresa, monto que equivale a más de 296 Colegios de Alto Rendimiento (COAR), cerca de 33 hospitales de alta complejidad o 30 veces el presupuesto anual del Programa Juntos.
Frente a este panorama, Macera enfatizó que el DU N° 010-2025 habilita un primer paso para reorganizar la empresa dadas sus limitaciones. No obstante, subrayó que se necesita una hoja de ruta integral que aborde las problemáticas operativas, financieras y de gobernanza. “Ello deberá ocurrir en un entorno propicio para impulsar nuevas inversiones en el sector hidrocarburos”, apuntó.
Para Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía, la coyuntura favorable que atraviesa Petroperú por el elevado precio del petróleo es temporal. Advirtió que, una vez que esta situación cambie, a la empresa se le dificultará atender sus deudas. En esa línea, el especialista cuestionó que la petrolera estatal esté cumpliendo un rol subsidiario “cuando la oferta privada logra abastecer al mercado”. Sostuvo que cualquier proceso de reestructuración necesita definir con claridad el rol de la empresa mediante una norma con rango de ley. “Tiene que haber un mandato claro de lo que tiene que hacer y no hacer Petroperú”, afirmó.
Por su parte, Anthony Laub destacó el gran costo de oportunidad que implicó rescatar a Petroperú, pues esos recursos pudieron destinarse a proyectos de agua y saneamiento en regiones con mayores brechas. El experto también consideró que el fideicomiso establecido en el Decreto de Urgencia N° 003-2026 es incompleto, porque solo funciona sobre el monto de las nuevas garantías financieras otorgadas. “Hubiese sido ideal que el fideicomiso se establezca sobre toda la caja de la empresa”, señaló. Aunque reconoció que las medidas recientes han aliviado los problemas inmediatos de liquidez, advirtió que no resolverían problemas estructurales de gobernanza, eficiencia operativa y capacidad de generar flujos sostenibles a largo plazo.
En el boletín “Discusión de una hoja de ruta para Petroperú”, el IPE propone cuatro ejes prioritarios para sostener la reorganización de la empresa en los próximos años. La hoja de ruta incluye medidas orientadas a estabilizar la compañía en el corto plazo y redefinir su viabilidad y rol en el mercado energético peruano. El primer eje busca asegurar una sólida gobernanza que garantice la independencia de presiones internas o externas. El segundo plantea reorganizar los activos y el patrimonio para asegurar la sostenibilidad del negocio. El tercero apunta a alcanzar estabilidad operativa y comercial que brinde predictibilidad de ingresos y gastos. El cuarto eje propone implementar políticas públicas que dinamicen el sector hidrocarburos mediante la promoción de nuevas inversiones. El IPE advierte que la situación de Petroperú exige una estrategia de transformación que ordene su rol y elimine su carga sobre las finanzas públicas. Postergar esta corrección, según el instituto, tiene implicancias directas sobre el desarrollo del país.
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